Ciudad de México. La empresa ArcelorMittal no ha podido emplazar al Sindicato Minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, respecto a su demanda de dar por terminadas las relaciones laborales individuales y colectivas con los más de 3 mil trabajadores que están en huelga desde hace un mes, debido a que la siderúrgica “ha fallado” en precisar el domicilio correcto de la organización gremial para notificar tal solicitud.
El coordinador jurídico de esta organización gremial, Nahir Velasco, apuntó que contrario a lo que la empresa había dado a conocer de que el paro era ilegal e iniciar un procedimiento en contra de los trabajadores, “ni siquiera ha sido notificado el sindicato, es una falacia, no hemos comparecido” y el contrato colectivo sigue vigente.
Señaló que además de las imprecisiones en el domicilio, los avisos de rescisión también son erróneos, ya que no fueron notificados personalmente a cada trabajador.
“Los avisos de despidos son ilegales puesto que no se han notificado personalmente a los trabajadores, como establece el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo”, recalcó el abogado.
Cabe recordar que el sindicato minero también obtuvo otros amparos en contra de la “aprehensión, presentación y/o arresto” en favor de nueve trabajadores que fueron demandados por la empresa en los primeros días del conflicto.
Los mineros de la sección 271 decidieron colgar las banderas rojinegras el pasado 4 de junio en las instalaciones ubicadas en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante su inconformidad al considerar que el reparto de utilidades que obtuvieron fue injusto, pues la acerera logró buenos rendimientos económicos en 2023.
Previo al movimiento de huelga, los trabajadores comenzaron desde el pasado 24 de mayo a instalar bloqueos intermitentes en accesos a las instalaciones de la siderúrgica.
Asimismo, mientras los mineros exigen que se subsanen diversas violaciones contractuales, ArcelorMittal insiste en que la huelga es ilegal y además aprovecha el conflicto para dar por terminado el CCT, denunció la representación jurídica del sindicato. Los inconformes también demanda la reinstalación de 50 trabajadores despedidos.