La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que la institución castrense no tiene ningún adeudo con la organización Transportistas Unidos, por el servicio de traslado de material de construcción para el Tren Maya; hizo un llamado a las empresas que tienen a su cargo el desarrollo del megaproyecto, que en caso de tener pagos pendientes los cubran, y para evitar bloqueos en diversas vías de comunicación, instaló una mesa de negociación.
La institución castrense señaló que “el Cuerpo de Ingenieros Militares llevó a cabo la adquisición de balasto para su empleo en la construcción del Tren Maya, con empresas legalmente constituidas y registradas en Compranet, habiéndo realizado los pagos correspondientes”.
Respecto del traslado del balasto, la Sedena indicó que las empresas adquirieron de manera independiente y a su propio interés el servicio de transporte, sin intervención de la Sedena.
En días pasados la agrupación de transportistas de carga llevaron a cabo bloqueos en la autopista México-Veracruz, en la caseta de Amozoc, Puebla, en demanda de pagos pendientes, que según su la vocera de la organización, Mary Flores, las empresas les adeudan 90 millones de pesos y afectan a 500 prestadores de servicio de carga.
La Sedena dio a conocer que ante el reclamo de organización Transportistas Unidos, ayer, personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), implementó en la ciudad de Puebla una mesa de diálogo con dicha organización, participando representantes de la Sedena para conocer del asunto, deslindar responsabilidades y tomar acuerdos que permitan dar solución a la problemática.
Resaltó que “no obstante que esta secretaría no tiene adeudo alguno, con el afán de coadyuvar a encontrar una solución, la Dirección General de Ingenieros Militares contribuirá a evitar un problema que afecte a la población por bloqueos en diversas vías de comunicación y conciliará con las empresas contratantes, exhortándolas a que cubran sus adeudos”.
La Sedena informó que tiene disposición para continuar transparentando los procesos de contratación y el buen ejercicio de los recursos para “los proyectos prioritarios del gobierno federal bajo su responsabilidad, así como contribuir en la solución de posibles controversias que se puedan generar, siempre con estricto apego a la normatividad vigente y preocupada por el bienestar de la población”.