Mañana se realizará un encuentro más de los padres de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa con el Presidente de la República. Está por cumplirse una década de la desaparición de sus hijos y aún desconocen cuál fue su destino tras aquella noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27.
Díficil reconstruir en unas líneas el proceso tortuoso de una investigación que hoy por hoy está marcada por el freno mayúsculo que significó la declaración del ex presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) Alejandro Encinas, quien informó que, en efecto, estamos ante un crimen de Estado.
La investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) colocó la mira en la indispensable y hasta hoy incompleta información que sustenta la intervención del Ejército desde el 27 batallón de Iguala, Guerrero, en complicidad con integrantes de un grupo de la delincuencia organizada.
Si podemos hablar de saldos, encontramos que el Presidente de la República, ante la exigencia al Ejército de que entregue 800 folios que contienen elementos claves para esclarecer su responsabilidad en la desaparición de los jóvenes , decidió hacerse cargo de la investigación, sin tener la facultad jurídica para ello, no obstante su alta investidura. Previamente se dio la renuncia de quien fue fiscal especial del caso y la conclusión del GIEI, señalando que con el Ejército habían topado. Se nombró a un nuevo fiscal del caso y un nuevo subsecretario de derechos humanos y Presidente de la Covaj ante la renuncia de Encinas. En ambos casos no se observan señales de contribución efectiva en las tareas que les corresponden.
La línea seguida por el Presidente de la República en las fechas recientes ha sido denunciar, sin pruebas, y, en el discurso desde las mañaneras, de malas prácticas y manipulación a los defensores del Centro Pro de Derechos Humanos y del Centro Tlachinollan que han acompañado desde 2014 a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, intentando condicionar a los padres la interlocución directa sin la participación de sus defensores. Finalmente los recibió con ellos presentes un día después de las elecciones. Les entregó 15 de los 800 folios que han solicitado, los cuales no son significativos, y ofreció una siguiente reunión justamente para mañana, anunciando que les entregará un reporte personal.
En días previos el titular del Ejecutivo federal ha colocado la posición de defensa del Ejército al señalar que “hasta hoy no tengo ninguna prueba de que hayan sido responsables de la desaparición de los 43 estudiantes” (mañanera del 24 de junio). No obstante que existen líneas de investigación inconclusas, como una grabación donde el comandante de la policía de Iguala afirma que se llevaron a 17 muchachos al Paso del Coyote y, además, otro testigo habló de que ingresaron a 25 estudiantes al 27 batallón y nunca salieron. Por otra parte, los militares que están bajo proceso, ahora desde sus domicilios tienen abogados que paga la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual revela un elemento más de la postura institucional.
No existe de la parte oficial ni la mínima apertura para considerar que los casos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado sobre el estado de Guerrero refieren la responsabilidad de elementos del Ejército en abierta violación a derechos humanos. Algo habría que considerar para revisar en ese ámbito.
Aunado a ello, desde la Covaj se ha difundido que acudieron a Iguala y a Cocula hace cuatro días junto a la fiscalía especial, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, la Sedena incluso difundieron fotos de peritos en campo porque están recuperando restos óseos que someterán a un método experimental de identificación genética por vía mitocondrial. Los familiares advirtieron que este procedimiento se está efectuando sin el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense ni del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, que han sido cruciales y les tienen plena confianza. Por ello señalaron que cualquier resultado no validado por estas instancias contribuiría a la confusión y no sería aceptado por ellos.
En ese contexto llegarán a la reunión de mañana donde no esperan avances positivos en la investigación, menos aún que sea la Fiscalía General de la República la que ofrezca un informe detallado, como correspondería. En contraste, asistirán con el temor y la desconfianza fundada de que el llamado informe personal del titular del Ejecutivo federal profundice el cuestionamiento a los defensores que les acompañan y presente elementos que parezcan novedosos ante el próximo cierre del sexenio, donde ya el propio Presidente de la República ha señalado que no habrá carpetazo. En efecto, estamos ante una continuidad forzada, pues la exigencia de justicia no cesará.
