Toluca, Méx. Los diálogos nacionales para la reforma judicial que este martes se realizan en Toluca iniciaron con planteamientos tajantes. Por un lado, los coordinadores parlamentarios de Morena, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, respectivamente, aseguraron que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial serán respetados y se garantizarán recursos para pagar sus pensiones; sin embargo, advirtieron que sí desaparecerán las pensiones complementarias y los haberes de retiro que se otorgan a los ministros, jueces y magistrados.

Por el otro lado, el magistrado presidente del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi indicó que no se puede hablar de austeridad, cuando los tribunales locales están llenos de carencias y presentan un déficit de personal.

En el foro titulado Austeridad, Fideicomisos y Derecho laboral de los trabajadores, se dejó en claro que se debe poner fin a los privilegios de los que gozan la alta burocracia judicial, pues mientras que todas las dependencias del gobierno de México se han instrumentado acciones para ser más austeros en el gasto, en el Poder Judicial no ha habido ningún tipo de ajustes a la baja.

Ignacio Mier garantizó que los trabajadores del Poder Judicial tendrán sus derechos a salvo y no serán trastocados, pero sí se hará cumplir el mandato constitucional para que ningún servidor público gane más que el titular del Poder Ejecutivo.

Ricardo Monreal apuntó que en los presupuestos de egresos se asignarán recursos para garantizar el pago de sus pensiones, pero advirtió que ya no se permitirá que haya pensiones complementarias ni haberes de retiro, que representan erogaciones millonarias anuales.

Mencionó que en la actualidad, los ministros de la corte reciben al retirarse el cien por ciento de su salario mensual por dos meses, es decir, 300 mil pesos. Después reciben el 80 por ciento de este monto hasta su muerte.

Además, anualmente reciben un aguinaldo de más de 568 mil pesos y “un pago por riesgo” de 642 mil pesos, además de una percepción de 95 mil pesos por concepto de prima vacacional.

Tiene, además, un seguro de vida por 12 millones de pesos para el ministro y su cónyuge y un pago por defunción de 1 millón 189 mil pesos.

Como parte de los apoyos, los ministros tienen derecho a contar con 5 personas de apoyo, (2 choferes y tres técnicos) cuyos salarios los cubre el Poder Judicial, y 5 personas más de seguridad, también pagados con recursos del erario.

Por si esto fuera poco, tienen acceso a dos Suburban blindadas (cuyo costo es de 3 millones de pesos cada unidad), y un apoyo para gasolina de 22 mil pesos mensuales, además de que se les sigue pagando el gasto de casetas de peaje, aun cuando ya no están en servicio.

Adicionalmente, se les rembolsa todo el gasto que hagan en medicamentos y en el mantenimiento de las camionetas de lujo asignadas.

Monreal aclaró que todo esto habrá de desaparecer, como también desaparecerán los fideicomisos que tiene el Poder Judicial, pues 13 de los 14 fideicomisos que existen están fuera la ley. Los recursos que tengan estos irán a la hacienda pública.

Durante la inauguración del foro, el senador de Morena también reveló que el costo aproximado la elección de jueces, magistrados y ministros sería de 3 mil 500 millones de pesos y podría solventarse con los más de 23 mil millones de pesos que hoy forman parte de esos fideicomisos que desaparecerán.

Antes de concluir su intervención, Monreal aclaró que los efectos de la reforma judicial también impactarán en los estados, quienes tendrán 180 días para armonizar su marco jurídico, de tal forma que, advirtió al presidente del Poder Judicial Ricardo Sodi, a él también le llegará la austeridad.