El viernes pasado concluyó con un foro público, en San Salvador, el noveno encuentro regional de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (acafremin.org/es/): Por la vida y la salud de la región y contra el extractivismo y la criminalización. El foro también fue organizado por la Unión Ecológica Salvadoreña (UNES) y por la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador, la agrupación que logró en 2017 la ley que prohíbe la minería metálica en ese país.
El importante evento se dio en un contexto regional de regresión democrática y de concentración económica basada en el extractivismo y el despojo histórico de los bienes comunes, mientras se fortalecen los privilegios para minorías oligárquicas locales y corporaciones trasnacionales.
Como se establece en el programa del encuentro, “los regímenes de gobierno actuales fortalecen su gestión con el apoyo de estructuras militares y represivas que son ahora las encargadas de implementar políticas sociales, mientras limitan la inversión pública en la institucionalidad estatal que garantice los derechos humanos fundamentales de la población”.
Ante estos retrocesos, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas y campesinas afectadas por proyectos mineros en todos los rincones de Centroamérica se dieron cita en San Salvador, comenzando el encuentro honrando a personas que han perdido la vida defendiendo sus territorios y recursos naturales, empezando por el agua. En el foro final, Yanira Cortez, ex procuradora adjunta para el ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, cuando este país prohibió la minería metálica, habló de la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo basado en el paradigma de la dominación de la naturaleza y en la codicia e irresponsabilidad de los más acaudalados. Habló de los factores que aceleran la crisis del agua, siendo el principal su mercantilización y privatización.
En el comunicado final del encuentro, leído por Adriana Ramírez, del Movimiento Político Reverdes de El Salvador, se concluye que es necesario que “toda la región se una para poner alto al modelo extractivista, ya que el que países tomen medidas aisladas contra la minería no resolvería la amenaza de contaminación de cuencas y ríos que transitan por diversos países” (https://tinyurl.com/4vsw2fa2). Y se emiten llamados por país. En Guatemala se exige el respeto a la libre determinación de los pueblos a través de consultas que han demostrado rechazar los proyectos extractivos, respaldados por convenios intetrnacionales, y que “se cancele definitivamente la mina Cerro Blanco que sigue amenazando con contaminar el río Ostúa de Asunción Mita, el lago de Guija, y el río Lempa, que nace en Guatemala, pasa por El Salvador y Honduras, siendo estas aguas transfronterizas”.
En El Salvador se exige que se mantenga la prohibición de la minería, ya que el gobierno de Bukele “está dando indicios de querer revertirla, para promover la minería como parte de su estrategia de crecimiento económico; prueba de esto es que en 2021 El Salvador pasó a formar parte del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo”. Asimismo se exige que se detenga la persecución de ambientalistas y la pronta liberación de los cinco defensores del agua de Santa Marta.
En Honduras se exige que se detenga la criminalización de los pueblos originarios y campesinos, especialmente crímenes contra mujeres defensoras, y que se cancelen los proyectos extractivistas, la tala de bosques, las zonas especiales de desarrollo económico, y la construcción de hidroeléctricas y termoeléctricas. En Panamá se exige a las autoridades que tomarán posesión este 1º de julio, que respeten la resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal la minería metálica en este país, como resultado de luchas que impulsó el pueblo. Y en Nicaragua se exige el respeto a los derechos humanos y de frenar la profundización de la crisis ambiental. En este país, dice el comunicado, “un poco más de la quinta parte del territorio ha sido otorgada por el régimen de Daniel Ortega a empresas mineras; entre éstas, 12 por ciento fue concesionado a una sola empresa minera canadiense”.
Las organizaciones centroamericanas exigen que “se aplique la denominada consulta previa libre e informada, con base legal en el Convenio 169 de la OIT, ya que todo tipo de proyecto debe ser avalado por la población, según los tratados internacionales”, y demandan a “todas las empresas depredadoras que detengan el secuestro, persecución y asesinato de defensores del ambiente y de nuestros bienes naturales”.
En México, el gobierno de Claudia Sheinbaum heredará también el asedio, en aumento, de empresas extractivas. La empresa china Ganfeng Lithium y las británicas Bacanora Lithium y Sonora Lithium han finalmente interpuesto en el Ciadi del Banco Mundial una demanda contra México por la cancelación, el año pasado, de concesiones que les permitían explotar yacimientos de litio en Sonora (Braulio Carbajal, La Jornada, 25/6/24).
En el alud de demandas contra México en el Ciadi la minera canadiense Silver Bull ha escalado, caprichosamente, su demanda contra México, de 178 a 408 millones de dólares, alegando que el gobierno no intercede para doblegar a comunidades locales que no les permiten acceder a yacimientos de plomo, zinc y plata, en la Sierra Mojada, en Coahuila. Como dice la Red Mexicana de Afectados por la Minería es un caso que muestra la falsedad de “la famosa responsabilidad social de la que tanto pregonan”.
Desde el norte de México hasta Panamá, y más allá, todos los territorios están en disputa, entre los pueblos que defienden la convivencia armónica con la naturaleza y las prácticas depredadoras de las voraces trasnacionales mineras.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y del Transnational Institute www.tni.org
