Se difundió en algunos medios la frase “juez no puede ser cualquiera”, la expresé en el Conversatorio hacia la construcción del perfil de la persona juzgadora, en el que participé a invitación de la Escuela Federal de Formación Judicial, con maestros y directivos de escuelas judiciales de América Latina y España.
Esto se interpretó por algunos como una crítica a la propuesta para reformar al Poder Judicial a partir de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos popularmente. Ahí adelanté la noticia de la publicación de un folleto con los Consejos de Don Quijote a Sancho para gobernar con justicia, que publicará en días próximos la ponencia del Consejo de la Judicatura a mi cargo.
Días después, el 27 de junio, participé en los Diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, convocados por la Cámara de Diputados, oportunidad en la que afirmé que en un Estado en el que la soberanía radica en el pueblo, democracia e impartición de justicia no pueden ni deben estar enfrentadas. Opiné a favor de la elección popular de los juzgadores y destaqué las diferencias que, de acuerdo con la Constitución y la ley, hay entre el Poder Judicial y los otros poderes, Legislativo y Ejecutivo.
Recordé algo que todos sabemos: que la Constitución para el caso de los ministros de la Corte y la ley para el de magistrados y jueces, exigen que quienes desempeñen esos cargos, deben contar con el título de licenciado en derecho y me referí a que esta exigencia o alguna parecida no se tiene respecto de los titulares del Legislativo y del Ejecutivo; para ser presidente, diputado o senador basta ser ciudadano mexicano, cumplir con requisitos relacionados con la buena conducta y los antecedentes y por supuesto obtener la designación por el voto favorable de los ciudadanos.
La otra diferencia entre el Judicial y los otros poderes se refiere al número de los titulares que ejercen la representación del pueblo en el ejercicio de su soberanía; el Ejecutivo es uno; diputados son 500 y senadores 128; en cambio, el número de jueces y magistrados (que nadie conoce con certeza) cambia constantemente: va en aumento, porque al crecer la población se incrementan los conflictos y es necesario también aumentar el número de tribunales y juzgados. Esto es, el Poder Judicial es un poder expansivo, permanentemente en crecimiento.
Agregué otras reflexiones: se deben respetar los derechos adquiridos y los derechos humanos de quienes actualmente ocupan los cargos en el Poder Judicial; el proceso electoral en que participen los futuros juzgadores debe estar lejos de una competencia de dinero y mercadotecnia; partidos políticos, grupos de presión, poderes fácticos no pueden y no deben participar. Pienso que para cualquier campaña electoral, debemos desterrar el vicio de dirigirnos a los ojos y oídos de los votantes y volver a las propuestas y críticas destinadas a la inteligencia de los ciudadanos.
Agrego que me pareció un acierto indiscutible que se abra la discusión y se invite a ella a todos los mexicanos y en especial a los que pueden tener mayor interés y más conocimientos sobre el tema; desde luego a los mismos interesados integrantes del Poder Judicial, a las escuelas y facultades de derecho, a las barras y colegios de abogados, también a todos los que puedan aportar algo positivo.
Hay otra diferencia: quienes laboramos en el Poder Judicial tenemos ingresos más elevados que otros servidores públicos. También percibo que jueces, magistrados y sus colaboradores integran un gremio con algunos privilegios económicos y sociales, pero también llevan una vida personal difícil, dura, de estudio y capacitación constante, así como cambios frecuentes de su lugar de trabajo, lo que dificulta la atención a la vida familiar, a hijos o a padres mayores.
Finalmente, si bien el debate es importante, lo es más no crear falsas alarmas y especulaciones sobre el tema; al respecto la virtual presidenta electa el 2 de junio envió un mensaje tranquilizador al afirmar que no se perjudicará a los trabajadores del Poder Judicial y por trabajadores yo entiendo, son todos los que sirven a este poder.
Es importante recordar que en la Constitución de la Ciudad de México se aprobó una reforma relativa al Poder Judicial que me parece fundamental, quien esté al frente del Tribunal Superior de Justicia, no debe presidir el Consejo de la Judicatura. Lo mismo considero para el nivel federal. Lamentablemente la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, desoyendo a los integrantes de la Asamblea Constituyente echó abajo esta disposición.
Un consejo final y respetuoso a quienes integran el Constituyente permanente y resolverán en definitiva: que recuerden que son representantes de la nación, no de sus partidos, ni menos de sus gobernadores o de quienes los impulsaron y que la nación es el pueblo mexicano en su conjunto, que comparte una cultura y se organiza en estado democrático.
