Madrid. Un mes después de que fue aprobada la amnistía para los independentistas catalanes, el Tribunal Supremo español rechazó este lunes aplicarla a quien se esperaba que fuera su principal beneficiado, Carles Puigdemont, y mantuvo la orden de captura contra el expresidente catalán huido de España.

El juez Pablo Llarena del Supremo, a cargo de este caso, "ha dictado hoy un auto en el que declara no aplicable la amnistía al delito de malversación" que pesa sobre Puigdemont, indicó el tribunal en una nota de prensa.

La orden de detención contra quien era el presidente catalán cuando la región intentó separarse de España en 2017 sigue en vigor, precisó Llarena en su decisión, que puede ser recurrida dentro de los próximos tres días.

El esperado fallo del Tribunal Supremo es un duro revés para la ley impulsada por el gobierno del socialista Pedro Sánchez y que debería haber tenido como principal beneficiado a Puigdemont, quien esperaba poder regresar a España después de siete años.

Investigado por malversación, desobediencia y terrorismo, esto último por su papel en la ola de altercados de 2019 en las calles catalanas, Puigdemont es solicitado por la justicia española desde la fallida secesión de 2017, tras la cual se instaló en Bélgica, mientras otros líderes separatistas eran encarcelados y juzgados.

Orden en vigor

El juez Llarena concedió que la ley de amnistía es aplicable al delito de desobediencia, pero estimó que “los comportamientos atribuidos” a Puigdemont y otros dos independentistas en la causa "incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la Ley para amnistiar delitos de malversación".

Estas salvedades son haber querido obtener "un beneficio personal" y que sus actos hayan afectado "a los intereses financieros de la Unión Europea", supuestos que se cumplen a juicio del magistrado.

Por ello, se mantiene la orden de detención contra Puigdemont por "el delito de malversación, pero no en el de desobediencia", aclaró Llarena.

El caso por el que Puigdemont está siendo investigado por terrorismo lo lleva otra instancia judicial diferente.

Poco después del anuncio del Supremo, Puigdemont reaccionó en la red social en X con un breve mensaje que decía "La Toga nostra", en un juego de palabras entre las togas que usan los magistrados y la mafia siciliana de la Cosa Nostra.

Caso por caso

El 30 de mayo, el Parlamento español aprobó definitivamente una ley de amnistía para los independentistas catalanes encausados o condenados por diversos delitos por la tentativa de independencia de 2017.

Fue el precio que pagó Pedro Sánchez para ser reelegido como presidente del gobierno en noviembre, gracias al apoyo de los 14 diputados de los dos partidos independentistas catalanes, que exigían esta medida en contrapartida.

La oposición de derecha y de extrema derecha han sido duras críticas de la ley, que consideran "inconstitucional", y contra ella se han manifestado numerosas veces.

La intención de los legisladores era que empezaran a desactivarse órdenes de detención, y que estas anulaciones se mantuvieran mientras las instancias superiores resolvieran recursos, algo que puede llevar meses o años.

Con más de 400 personas encausadas o condenadas que podrían beneficiarse, se espera que el borrón y cuenta nueva sea laborioso en los tribunales, que han de decidir caso por caso.

Los jueces, varios de los cuales no han ocultado sus reticencias o franca oposición a la amnistía, tenían dos meses desde finales de mayo para implementarla.

La semana pasada, dos personas, un ex miembro del gobierno regional catalán y un policía, se convirtieron en los primeros beneficiados por la ley.

Puigdemont, que aspira a ser investido como presidente catalán tras las elecciones regionales del 12 de mayo aunque no cuenta por ahora con los apoyos, había expresado su intención de regresar a España cuando se celebre el pleno de investidura, todavía sin fecha, pero la decisión del Supremo de este lunes lo complica.

Pese a todo, desde su partido, Junts per Catalunya, aseguran que el "compromiso" adquirido se "mantiene".

"Puigdemont es una persona de palabra", afirmó el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una comparecencia este lunes en Barcelona, donde criticó la decisión del Tribunal Supremo que es, según él, "claramente política".