Ciudad de México. El proceso electoral 2023-2024 se confirma como el de mayor número de denuncias de presuntas infracciones, con un acumulado de mil 460 expedientes de quejas, de septiembre pasado al mes en curso, la mayoría promovida por partidos. Sin embargo, la estrategia de los contendientes resultó parcialmente infructuosa, pues poco más de la mitad de todos los procedimientos abiertos fueron desechados o sobreseídos.

A casi un mes de la contienda del 2 de junio, sólo 394 carpetas han sido remitidas a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 679 fueron desechadas y tres sobreseídas, por lo que 384 siguen en trámite o sustanciación. En este último apartado hay 32 expedientes vivos de la elección presidencial, mismos que incluyen 13 quejas contra Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, y 53 contra Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, y/o los partidos que la postularon.

En la lista general de 16 alegatos de los procedimientos se ubican en primer lugar los presuntos actos anticipados (382 de los mil 460 expedientes en referencia); le sigue vulneración al interés superior de las personas menores de edad (con 245); uso indebido de la pauta (174), y calumnia (102).

El resto, con menos de 100 quejas cada uno, se refiere a violencia política en razón de género, adquisición y contratación de tiempos en radio y televisión (pues está prohibido por la Constitución), vulneración de la veda electoral, incumplimiento de medidas cautelares, uso de símbolos religiosos, promoción personalizada y uso de recursos públicos, entre otros.

Datos desde el 7 de septiembre pasado

El más reciente informe del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) puntualiza lo ocurrido en esta materia desde el inicio del proceso electoral, el 7 de septiembre pasado, al 23 de junio.

Cuando llega una queja, ésta se clasifica en procedimiento ordinario o especial sancionador; los primeros, que suman 379 en ese periodo, tienen que ver básicamente con afiliaciones indebidas por partidos políticos y por casos de presunta parcialidad de capacitadores y supervisores electorales.

En cambio, los especiales, conocidos como PES, son promovidos tanto por partidos como por ciudadanos y también por el INE, a través de investigaciones de oficio.

Como se ha difundido, en 2018 hubo 454 expedientes de queja, en la siguiente elección (intermedia), 390; para 2022, con elecciones locales, 510, y en 2023, mil 377. En el actual, tan sólo en la primera mitad, del primero de enero al 23 de junio el INE reporta mil 69 procedimientos especiales, igualmente con la vulneración a la niñez y actos anticipados a la cabeza.

El primer análisis de los casos está a cargo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, y la atención de las peticiones urgentes (medidas cautelares) toca a los consejeros.

De septiembre a junio, la unidad recibió mil 277 peticiones de medidas cautelares; de las 391 que llegaron a la comisión de quejas y denuncias, sólo en 36 por ciento se declaró la procedencia, criterio mayoritariamente confirmado por la sala superior del TEPJF.

Todo el contexto debe ser analizado, en el caso de las imputaciones de la elección de diputados y senadores, por las salas regionales del Tribunal Electoral, y la contienda presidencial por la comisión especial que elabora el proyecto hacia la calificación de esta elección.

Las impugnaciones deben ser resueltas a más tardar la primera quincena de agosto y la declaración de validez de la presidencial tiene el 6 de septiembre como fecha límite.