La estructura orgánica y el funcionamiento del Poder Judicial están en el centro del debate en México. El número de artículos de opinión sobre el tema se ha multiplicado en estos días. Incluso el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM produjo ya un primer estudio exprés sobre las propuestas de reforma legal y constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El debate sobre las más recientes medidas del Ejecutivo y la reacción de un sector de la sociedad civil en general, y de la Suprema Corte de Justicia en particular, debe observarse desde un contexto más amplio, tanto internacional como histórico. Los críticos de López Obrador han expresado, entre diversas objeciones a las reformas, que pretende “centralizar el poder” sin considerar, por ejemplo, el proceso contrario por el cual se fueron restando facultades al Ejecutivo a partir de los años 80 y 90. 

El equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha sido variante y dinámico a lo largo de las Constituciones del siglo XIX y aun dentro de la vigencia de la Constitución de 1917. 

La redefinición del equilibrio “original” está en el centro del debate político alrededor del mundo, en varios países de América Latina y en países con regímenes distintos como Israel y Estados Unidos. Una versión de ese debate gira alrededor del fenómeno de “la politización de la justicia” o lo que, en casos extremos, se denomina lawfare –como lo han llamado personajes tan disímbolos como Donald Trump, en Estados Unidos o Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina–.

En nuestro subcontinente, los presidentes de Brasil, Colombia, Guatemala y Perú, por mencionar ejemplos recientes, han identificado el conflicto con las autoridades judiciales como uno de los factores relevantes de la política de su país. 

La nueva relación entre los poderes Judicial y Ejecutivo ha suscitado que conflictos y decisiones de política que tradicionalmente se resolvían en las votaciones en el Congreso o en la competencia electoral entre partidos, se trasladen al ámbito de las controversias constitucionales, los fallos de los jueces y las imputaciones de los fiscales.

De ahí que tantos episodios recientes de la política latinoamericana involucren procesos legales y se desarrollen ante tribunales y ministerios públicos, y vinculen a individuos o a instancias de gobierno, del Congreso o de alguna otra autoridad u organismo público. 

La politización de la justicia se traduce en un curso de colisión entre el jefe del Ejecutivo y el Poder Judicial que rebasa las formas previas de la política ya que, hoy, temas centrales de la política se resuelven no sólo con la voluntad del Ejecutivo o de una mayoría del Congreso, sino también con la intervención de la Suprema Corte.

Por ello también se entiende que la atención que genera la posibilidad de una reforma al Poder Judicial en México se presente como de una de las decisiones estratégicas y estructurales de la política contemporánea. Cómo se resuelva el debate, país por país, determinará el alcance y sentido de la democracia moderna en América Latina.

* Abogado, coautor de El activismo judicial (Porrúa)