Dijo Donald Trump en el debate que arregló la frontera sur con México a cambio de nada. Propiamente fue a cambio de amenazas y del chantaje de imponer aranceles a todos los productos mexicanos, si no se contenía a los flujos migratorios. Anteriormente afirmó que México había puesto a su disposición a 20 mil soldados (sic) para contener los flujos.
En efecto, a finales de mayo de 2019, los eventos registrados por la patrulla fronteriza llegaron a 130 mil migrantes, lo que desató la ira de Trump y procedió a tomar represalias, si México no les arreglaba el problema. Una comisión de emergencia encabezada por Marcelo Ebrad corrió a Washington para negociar y los tuvieron por varias horas en la congeladora. Finalmente, Ebrad se comprometió a reducir el flujo a 30 mil en tan sólo tres meses, que era el límite de tolerancia establecido.
Pero es necesario explicar el contexto. En primer lugar, la política migratoria de López Obrador, aplicada a la letra por Tonatiuh Guillén, era la de frontera abierta. Así pasó con las caravanas de migrantes en enero de 2019, que recibieron no sólo buen trato, sino hasta credenciales para circular libremente. Una ingenuidad supina, conociendo lo que pensaba y había hecho Trump a los migrantes y solicitantes de asilo, incluidas las jaulas y la separación de familias y, por otra parte, se demostró una total falta de previsión, análisis y suspicacia sobre el contexto geopolítico y lo que implica el tema migratorio en Estados Unidos.
Por otra parte, una posición firme de México habría escalado el conflicto, pero se podía haber demostrado que no es posible cerrar la frontera o imponer aranceles sin afectar seriamente la economía estadunidense, algo que quedó comprobado durante la pandemia. Esta era la posición de la entonces embajadora de México en Washington, Martha Bárcena.
No obstante, estaba pendiente la ratificación del TMEC y, si se imponían aranceles, propiamente se rompía el acuerdo de libre comercio. Un trago demasiado amargo para el primer año de mandato de López Obrador. Al fin y al cabo, la moneda de cambio eran los migrantes, la cabeza de Guillén y el sometimiento a la bravuconada de Trump.
Todo a cambio de nada, o casi nada. México tuvo que cambiar radicalmente su política migratoria y poner a un rudo, como Francisco Garduño, en el Instituto Nacional de Migración (INM), que ni siquiera renunció después de la asfixia y muerte de 39 migrantes en instalaciones a su cargo en Ciudad Juárez.
La política de contención por parte del gobierno mexicano duró hasta que Trump perdió las elecciones. Con la llegada de Joe Biden empezó a crecer de manera muy significativa por varias razones: el limitado control ejercido por el gobierno mexicano (INM), la liberación que significó el fin de la pandemia y el efecto de una nueva política migratoria por parte de Biden.
Durante 2019 el INM registró a 182 mil migrantes indocumentados; en 2020, en el primer año de Biden, a sólo 82 mil, pero luego aumentó notablemente el flujo y en 2021 capturaron a 309 mil; en 2022 a 441 mil, y en 2023 a 782 mil, una cifra récord.
A pesar del incremento en detenciones por parte del INM, a Estados Unidos llegaban varias veces más, hasta 150 mil migrantes, sin contar los mexicanos. Finalmente, en lo que se refiere a este año, de enero a abril, el INM detuvo a 481 mil migrantes en sólo cuatro meses. Y todo esto ¿a cambio de qué?
La esperanza para Biden de que se controle la frontera está condicionada por las acciones de México y de eso depende su relección. Por lo pronto, aceptamos que devuelvan a 30 mil migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que no pueden ser deportados por Estados Unidos.
Es posible que las recientes medidas de Biden a favor de los dreamers titulados de las universidades, así como a las personas indocumentadas casadas con ciudadanos estadunidenses para que puedan acceder fácilmente a la residencia, sean una manera de corresponder a la insistencia de AMLO para regularizar a los migrantes. Al fin y al cabo, es una decisión personal de Biden, una orden ejecutiva que puede ayudar a algunos cientos de miles de mexicanos.
Pero la pregunta sigue en el aire: ¿a cambio de qué? ¿Cuánto debemos cobrar por hacer el trabajo sucio? Debemos llegar a un acuerdo de tercer país seguro o seguir en esta situación ambigua y aceptar concesiones, sin pedir nada a cambio.
Por otra parte, ¿quién va a definir la política migratoria de México: gobernación o relaciones exteriores? La subsecretaría a cargo no hizo nada, sólo se dedicó al caso de Ayotzinapa durante todo el sexenio.
Parece ser que el tema migratorio, según vimos en el debate, es un asunto muy relevante en la agenda electoral de los candidatos y del vecino país. También es preocupante que la verborrea de Trump vuelve a dirigirse hacia los migrantes y ya son varias las amenazas y los recordatorios.
A ver si en México toman el tema migratorio en serio. Seguro va a ser una fuente de conflicto entre los dos países; algo se podrá negociar si sale Biden, pero habrá que prepararse para lo peor si gana Trump