La democracia está sustentada en el poder que el pueblo confía en las personas que eligen como representantes. Para prevenir los abusos de las autoridades se constituyen los tres poderes de gobierno como un ejercicio de equilibrio, vigilancia y observancia entre ellos sobre su actuar. Aunado a ello, cada poder cuenta internamente con distintas instancias de control y rendición de cuentas sobre las decisiones que realizan en cada parte de los procesos legislativos, jurídicos y ejecutivos.

Es importante mencionar que el avance de los movimientos y acciones de derecha en América Latina durante la reciente década ha generado detrimento en diversos ámbitos, principalmente, en esta dinámica institucional tripartita.

Ahora, en México se ha iniciado la discusión sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial enviada desde el Ejecutivo federal y es indispensable que, más allá del número de jueces que estén al frente de las instancias judiciales, como ciudadanía activa reflexionemos en cómo impactarán estos cambios en los procesos de búsqueda de verdad y justicia de las víctimas de delitos y violaciones graves de derechos humanos. 

En primer lugar, el sistema de justicia mexicano ha tenido grandes desafíos para llevar a cabo la aplicación adecuada de las leyes constitucionales y de los estándares internacionales ratificados en diversas materias, primordialmente en las respectivas a derechos humanos. Esto ha implicado que las palabras justicia, verdad y reparación integral del daño sean aún promesas incumplidas para las víctimas desde varias administraciones federales atrás.

En segundo lugar, la corrupción, la impunidad y la obstrucción de la justicia son elementos que no se han podido erradicar de las diversas instancias encargadas de impartir justicia a pesar de los distintos programas y políticas de gobierno destinadas a ello. Tampoco se ha logrado implementar la incorporación de la perspectiva de género ni el enfoque de derechos humanos de maneras acertadas y cercanas a las víctimas en sus respectivos procesos.

En tercer lugar, es cierto que algunos jueces no son imparciales porque votan a favor de empresas trasnacionales y no de las comunidades indígenas que están siendo vulneradas mediante la extracción de sus recursos naturales y comunales, así como violentando sus derechos humanos colectivos. También es cierto que algunos jueces son machistas, misóginos y sexistas, que revictimizan a las familias y mujeres víctimas de violencia de género y no dan sentencias justas ni reparadoras para la violencia que han recibido. 

Sin embargo, es necesario reconocer que el Poder Judicial no sólo es una institución o un número selecto de jueces y juezas en un solo órgano de gobierno, sino que es un sistema que comienza desde la persona que atiende una denuncia hasta quien imparte la sentencia en cada nivel y ámbito de competencia.

No podemos olvidar que diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado y visibilizado las áreas de oportunidad del sistema de justicia a nivel local y federal, recordando que, si bien la persona encargada tiene la responsabilidad social de cumplir con su deber, también requerimos que el personal público asuma su rol como garante de derechos y que cuente con las herramientas necesarias para ello.

Por tanto, si aun con procesos de rigurosa selección se han tenido estos vacíos en la garantía de los derechos humanos y en los procesos de verdad y justicia, ¿qué tipo de personas necesitamos al frente de esas instancias? ¿Cómo podemos desburocratizar algunos trámites judiciales y fortalecer los mecanismos de seguimiento? ¿Qué tipo de justicia queremos como sociedad? ¿Cómo puede garantizarnos el Estado mexicano que las deudas históricas con las víctimas ahora sí se resolverán con esta propuesta de reforma? 

Este proyecto legislativo significa un profundo cambio sistémico que aún no tiene horizontes claros sobre cuál es la transformación real para las víctimas en este nuevo modelo y que preocupa mucho la forma en que se podrían llevar a cabo los procesos judiciales a manos de personas que podrían tener las mejores intenciones, pero que podrían continuar omitiendo normativas sustanciales para la protección de la dignidad humana.

A pesar de ello, esta iniciativa es una oportunidad para repensar los modelos de justicia que queremos como ciudadanía, sin olvidar las responsabilidades que tiene el Estado para con las víctimas, pues la justicia no es sólo una cuestión de popularidad, sino de compromiso social y voluntad política.