Madrid. Las ciudades andaluzas de Málaga y Cádiz se sumaron con dos manifestaciones masivas al malestar creciente ante el turismo masivo y sus efectos negativos en el mercado de la vivienda, generado precisamente por la afluencia sin control de viajeros o de que “nómadas digitales” o “jubilados” de países ricos que compran o alquilan casas para uso temporal. Este tipo de gestos de rechazo colectivo se expresó recientemente en otros puntos del territorio español, de manera destacada en la capital de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, y en varias de las Islas Canarias, donde el turismo es una de sus señas de identidad.
Uno de los motores de la economía española es el turismo, que representa cerca del 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, además de las largas colas en museos y centros de ocio no son las únicas consecuencias adversas en los principales focos de interés de los viajeros, que se han incrementado de forma notable en los últimos años, de manera muy marcada tras el final de la pandemia del Covid-19. En el año 2023, España recibió a 126 millones de turistas -tres veces su población nacional total-, lo que supuso 20 millones más con respecto al año anterior. Si se hiciera un simil con México, es como si nuestro país tuviera cada año la llegada de 380 millones de turistas extranjeros.
La manifestación en Málaga -más de 15 mil personas- y en Cádiz -más de tres mil-, según la Policía Nacional española, es un nuevo llamado de atención “a las admnistraciones públicas y a los agentes sociales y económicos” para que se resuelva cuanto antes del problema de la vivienda habitacional, tanto en régimen de alquiler como de compra.
Bajo el lema “Málaga para vivir, no para sobrevivir”, la manifestación contó con asistentes de un perfil muy transversal (jóvenes, mayores, familias al completo provenientes de diferentes barrios), que en un ambiente festivo y reivindicativo recordaron a las autoridades uno de los principales problemas de la ciudad: la falta de vivienda para los ciudadanos nativos. Y una de sus principales quejas fue contra el actual modelo turístico y la regulación del mismo.
La marcha fue convocada por el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Málaga, que han ido preparando la protesta desde hace varios meses con reuniones en los barrios y a la que se han adherido casi medio centenar de entidades de diversa índole y sectores como Greenpeace, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Delegación Diocesana de Migraciones, Médicos del Mundo o Málaga Acoge.
Al inició de la manifestación, en las inmediaciones de la plaza de María Guerrero, un grupo de ultraderecha ha irrumpido en la marcha coreando consignas como “viviendas sociales para los nacionales”, pero fueron abucheados por la mayoría de los asistentes que les expulsaron con gritos como “fuera fascistas de nuestros barrios”.
Al final de las manifestaciones en Málaga y Cádiz se leyó el “Manifiesto por la vecindad”, en el que señalaron que la situación actual se ha generado por el “colapso turístico y rentismo carroñero” y porque el uso residencial de la ciudad ha sido “sustituido irregularmente por el de hospedaje”. “Decimos alto y claro que se acabó, que no vamos a permitir que nos expulsen de la ciudad y que nos sigan explotando. Nos quedamos. No vamos a permitir que la ciudad sea un parque de atracciones vaciado de vecinos, no vamos a permitir que sustituyan las tiendas por franquicias, las aceras por terrazas, y los alquileres por cartas de desahucio. Lanzamos un grito a toda la ciudad y un aviso a los que nos gobiernan: esto sólo acaba de empezar. Vamos a defender hasta el final la función social de la vivienda, el derecho a la ciudad y todo lo que nos intentan arrebatar: la ciudad de las vecinas, nuestros barrios, nuestras casas, nuestras vidas”.
