Acapulco, Gro. A 29 años de la masacre de Aguas Blancas, donde 17 campesinos fueron asesinados y hubo decenas de heridos a manos de la policía motorizada del gobierno de Guerrero, no se ha hecho justicia y los responsables, autores intelectuales y materiales siguen sin ser castigados, señaló la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).

Norma Mesino Mesino, dirigente de la OCSS, exigió castigo a los responsables, así como la libertad de Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de aquel ataque, preso desde 2001 en Morelos, antes de concluya el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y haga uso de la recién aprobada Ley de Amnistía

Durante la conmemoración de la masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, ocurrida la mañana del 28 de junio de 1995, señaló que es un caso que marcó la historia de México, al indicar que fue un hecho atroz que demostró que las prácticas de terrorismo de Estado, aplicadas por el gobierno mexicano en contra del pueblo en la década de 1970, seguían vigentes.

Expresó: no basta con que el Presidente se pronuncie al respecto, o que el hecho hoy esté en los libros de texto, hace falta que haya justicia, que se castigue a los autores materiales e intelec-tuales que perpetraron el crimen.

Especificó que sigue sin haber justicia a pesar de que existe la resolución 3/96, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 23 de abril de 1996, que señala que existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos de Aguas Blancas.

Recordó que la resolución concluye que de dicha violación, resultan responsables Rubén Figueroa Alcocer, gobernador de Guerrero (1993-1996) con licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, ex secretario general de Gobierno, y Antonio Alcocer Salazar, ex procurador general de justicia.

Mesino Mesino reprochó que los responsables de la masacre viven en la impunidad, andan en las campañas políticas y en actos de las élites económicas y políticas de Guerrero, y se toman fotos sonrientes con personajes de su partido.

Agregó que se sienten y se saben impunes. Gobiernos federales y estatales de diferentes partidos han pasado y ninguno ha mostrado voluntad política para enjuiciar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas.

Reclamó el cumplimiento de la resolución 49/97 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, emitida el 18 de febrero de 1998, que pide ejercer las acciones penales correspondientes, con el fin de establecer las responsabilidades individuales de los altos funcionarios de Guerrero.