Acapulco, Gro. A 29 años de la masacre de Aguas Blancas, que provocó la muerte de 17 campesinos y decenas de heridos a manos de la policía motorizada del gobierno del estado de Guerrero, no se ha hecho justicia y los responsables intelectuales y materiales siguen sin ser castigados.

En el contexto de la conmemoración de la masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, ocurrida la mañana del 28 de junio de 1995, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, exigió castigo a los responsables, así como la libertad de Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de aquel ataque, preso desde 2001 en Morelos, antes de concluya el mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y haga uso de la recién aprobada Ley de Amnistía.

Señaló que la masacre de Aguas Blancas se trata de un acontecimiento que marcó la historia de México, al indicar que "fue un hecho atroz que demostró que las prácticas de terrorismo de Estado, aplicadas por el gobierno mexicano en contra del pueblo en la década de 1970, seguían vigentes."

Sin embargo, Mesino Mesino puntualizó que"no basta con que el presidente se pronuncie al respecto, o que el hecho hoy esté en los libros de texto, hace falta que haya justicia".

Ello representa, manifestó la dirigente de la OCSS, que se castigue a los autores materiales e intelectuales que perpetraron el crimen.

Especificó que sigue sin haber justicia, a pesar de que existe la resolución 3/96 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 23 de abril de 1996, la cual señala que existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados en los acontecimientos de Aguas Blancas.

Recordó que la resolución de la Corte concluye que de dicha violación, resultan responsables Rubén Figueroa Alcocer, gobernador de Guerrero con licencia indefinida; José Rubén Robles Catalán, ex secretario general de Gobierno; y Antonio Alcocer Salazar, ex procurador general de justicia.

Mesino Mesino reprochó que "los responsables de la masacre viven en la impunidad, andan en las campañas políticas y en eventos de las élites económicas y políticas de Guerrero, se toman fotos muy sonrientes con personajes de su partido".

Agregó que"se sienten y se saben impunes. Diferentes gobiernos federales y estatales de diferentes partidos han pasado y ninguno ha mostrado voluntad política para enjuiciar a los responsables de la masacre de Aguas Blancas."

Desde el vado de Aguas Blancas, la dirigente de la OCSS reiteró la exigencia de justicia.

Reclamó el cumplimiento de la resolución 3/96 emitida por la SCJN; que se cumpla la resolución 49/97 de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, emitida el 18 de febrero de 1998, que pide ejercer las acciones penales correspondientes, a fin de establecer las responsabilidades individuales de los altos funcionarios del estado de Guerrero.

Asimismo, la OCSS demandó la libertad inmediata de Antonio Barragán Carrasco, sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, preso en el estado de Morelos desde 2001 por delitos fabricados, y quien desde 1995 ha sido víctima de múltiples violaciones a sus derechos humanos, al ser víctima de desplazamiento forzado interno desde 1996, víctima de detención arbitraria desde 2001; además de ser torturado al momento de su detención y no tener una defensa legal adecuada.

Por último, la OCSS exigió verdad y justicia por los asesinatos de los luchadores sociales Miguel Ángel Mesino Mesino, Rocío Mesino Mesino, Ranferi Hernández Acevedo, Arturo Hernández Cardona y Luis Olivares Enríquez; la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de todos los desaparecidos del país; y libertad para todos los presos políticos.