Los procesos comiciales federales y estatales verificados el pasado 2 de junio, serán recordados por diferentes e importantes efectos que impactarán en la ya renovada y moderna lucha democrática por el poder en México.

En primer lugar, el dictamen final de la calificación de las elecciones que el órgano jurisdiccional se prepara a elaborar debiese ser el documento relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, más expedito de las cinco elecciones presidenciales ocurridas en el siglo XXI. La validez de esta elección es un asunto casi sólo de trámite, pues la histórica y contundente victoria de Claudia Sheinbaum es tan inobjetable como libres y equitativas fueron estas elecciones. Así lo redactarán, seguramente, los cinco magistrados electorales (quienes tienen la experiencia de haber elaborado el dictamen de la elección presidencial de 2018) cuando lo emitan a través de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los comicios ocurridos en el sexenio que termina son el mejor testimonio de la verdadera competencia electoral. En un breve lapso se ha roto con una de las peores tradiciones en la materia: la intervención parcial del gobierno nacional en turno para orientar candidaturas partidistas, comprar conciencias, y trasladar recursos humanos y financieros de la administración pública a las campañas y candidatos preferidos. Por voluntad del titular del Ejecutivo federal, culminó la histórica impunidad gubernamental para apoyar con todos los recursos del Estado a un partido político.

Por otra parte, el subsistema partidista apoyado en un imaginario pluralismo (transición, democrática, la llamaron) inventado desde 1989 por algunos “expertos” ligados a las élites dirigentes de PRI, PAN y PRD recibió un golpe político extraordinario. La coalición partidaria de derecha, integrada por esos partidos, demostró, en su predecible y apabullante derrota, que esos tres organismos le mintieron a la sociedad mexicana durante los últimos 12 años. Se confirmó que no eran organizaciones independientes; son doctrinalmente vacías y estructuralmente debilitadas. La propaganda que difundieron durante años de que eran adversarios ideológicos, y a ellos se debía la democrática figura de la alternancia, se demolió por su falsedad.

Como se dijo desde entonces, la alternancia política de 2000 y 2012, fue más una simulación que un avance real en la competencia. Los resultados de 2018 y 2024 son la evidencia empírica del rechazo ciudadano a las certidumbres electorales prefabricadas durante años cuando esos partidos gobernaron.

A millones de mexicanos les ha quedado muy claro que los vicios, corruptelas y fraudes deberán definitivamente desaparecer. Al haberse alcanzado la mayoría legislativa en el Congreso, éste va a tener un efecto mayúsculo en el funcionamiento de las instituciones, dándole al nuevo gobierno una seguridad casi total en lo que hace a sus relaciones con el Poder Legislativo y un deseado y renovado Poder Judicial: lo protege contra la misoginia y la mentira. Le permite proponer nuevas leyes y presupuestos públicos con concesiones mínimas. Pues es mínima la fuerza de la oposición.

No basta con festejar la libertad que tuvimos los mexicanos a la hora de votar: tenemos que poner sobre la mesa soluciones concretas y exactas para detener las campañas de odio y mentiras que, bajo el argumento de la libertad de expresión, medios de comunicación, seudoempresarios y organizaciones fascistoides, difundieron en toda la operación electoral. Se requiere una reforma legal que altere el modelo de competencia para afianzar un país que repose realmente en la confrontación permanente de ideas; un nuevo impulso al subsistema partidario que espera renacer a escala nacional y/o estatal.

Urge un cambio profundo que permita adecuar los poderes sustantivos del Estado mexicano a la nueva geografía política de todos los territorios de la nación: novedosas instituciones, diferentes reglas que acompañen al proceso de reformas sociales, infraestructuras públicas, educativas y de salud promovidas por el gobierno nacional en todas las regiones del país.

La decisión de muchos, sin mayores concesiones, fortalece nuestra renovada democracia. Los verdaderos cimientos y originalidad de la nueva mayoría se encuentran en la radicalidad de sus decisiones para eliminar la desigualdad y la injusticia existente todavía en muchas regiones del país.

*Sociólogo e historiador.

Investigador titular del Iisunam