Cinco años después, a esa misma oligarquía (con el gobierno estadunidense dando instrucciones) se le ocurrió que era el momento de hacerlo de nuevo, aunque en esta ocasión falló en su intento, pues el presidente Luis Arce reaccionó de inmediato y en primera instancia destituyó al general golpista Juan José Zúñiga (ahora detenido), hasta ese momento jefe del Ejército. También se hizo patente el apoyo popular que en 2019 dio la batalla en contra de los golpistas y la espuria.

Arce nombró a José Wilson Sánchez como nuevo comandante general del Ejército boliviano, quien ordenó a los militares movilizados “retornar a sus unidades; vamos a cumplir con la Constitución y a estar siempre pendientes de que el gobierno legalmente constituido permanezca de acuerdo con lo que dictan las normas del Estado.

Evo Morales, víctima del golpe de Estado de noviembre de 2019, denunció la movilización militar y la intentona de golpe de Estado.

Los organizadores de este nuevo intento son los mismos, tanto internos como externos, es decir la oligarquía y el gobierno gringo–con la general Laura J. Richardson, comandante del Comando Sur, como punta de lanza– que no se cansan de violar el derecho internacional e intervenir en los países, con el fin de apropiarse (como sucedió en noviembre de 2019) de los enormes recursos naturales, en este caso el de los bolivianos, con las abundantes reservas de litio en primer lugar.

Desde mediados de julio de 2022 la general Richardson sin decoro alguno anunció que Latinoamérica es muy rica en recursos, minerales raros, litio; el triángulo del litio está en esta región y hay muchas cosas que ella tiene para ofrecer; tenemos que seguir comprometidos y preocupados y estar alerta por la creciente presencia china y rusa en esta zona, pues socava las democracias, es decir, las mismas que Estados Unidos se las pasa por el arco del triunfo, porque según él, el problema son los chinos y los rusos.

A raíz de esas declaraciones, el ex presidente Evo Morales denunció que “la jefa del Comando Sur dijo que para Estados Unidos empieza una década decisiva para asumir el control de la seguridad del Hemisferio Sur con la llamada Estrategia de Colaboración del Sur junto al Reino Unido –cuyo embajador alentó el golpe en Bolivia–, Francia, Canadá y Países Bajos; nacionalizamos el litio (2008) y como política de Estado decidimos industrializarlo… y ahí viene el golpe del Estado (noviembre de 2019). Congresistas estadunidenses reconocen que fue por el litio; se preparó desde la embajada de Washington en La Paz; América Latina no es su patio trasero ni su hacienda para explotar recursos naturales”.

Cierto es: Bolivia cuenta con muchísimos recursos naturales de los que otros países carecen, y por ello los buitres de la oligarquía boliviana, con los gringos dando instrucciones, no quitan el dedo del renglón. La Casa Blanca ha logrado avances importantes en lo que se conoce como el triángulo del litio (Bolivia, Argentina y Chile, con 53 por ciento de las reservas potenciales del mundo; 21, 20 y 11 millones de toneladas, respectivamente; México, en la mira del Comando Norte, cuenta con 2 millones, de las 98 estimadas en el mundo), no sin la complicidad de gobiernos entreguistas como el de Javier Milei.

De inmediato, la solidaridad latinoamericano se hizo patente ante la intentona golpista, mientras la Casa Blanca se limitó a decir: seguimos de cerca la situación, ergo, lo intentará de nuevo.

Las rebanadas del pastel

Padres de las víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora (donde murieron 49 niños y 100 más resultaron heridos en junio de 2009, con Felipe Calderón en Los Pinos), acusan al Poder Judicial de la Federación de omisiones y complicidades, pues a 15 años de la tragedia no hay nadie en la cárcel y sigue protegiendo a los responsables, entre ellos los familiares de Margarita Zavala. Exigen que Norma Piña los reciba para que elimine las tácticas dilatorias que mantienen impune el caso; los jueces son muy garantistas con los responsables, pero a nosotros no nos escuchan.

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