Más de medio centenar de organizaciones sociales condenaron las violaciones al derecho a la protesta en Veracruz, en donde los campesinos Jorge y Alberto Cortina Vázquez fueron asesinados por elementos de la Fuerza Cívica estatal durante la represión para desalojar un plantón instalado por agricultores y ejidatarios frente a la empresa Granjas Carroll, en la comunidad de Totalco, municipio de Perote.

Al expresar su preocupación por estos hechos ocurridos hace una semana, exigieron a la Fiscalía General de la República realizar una investigación “exhaustiva, diligente, profesional, imparcial, independiente y objetiva” sobre el presunto uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales por parte de elementos de seguridad estatal.

Subrayaron que las indagatorias deben ampliarse a la responsabilidad de la cadena de mando.

El pasado jueves 20, habitantes de la Cuenca Libres Oriental de Puebla y Veracruz instalaron un plantón frente a la empresa Granjas Carroll, a la que acusaron de contaminar y acaparar el agua de la región.

Durante la protesta, pidieron el cierre definitivo de la criadora de cerdos; sin embargo, los ejidatarios fueron víctimas de un desalojo violento –que derivó en la muerte de dos de ellos– por parte de elementos de la Fuerza Civil, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y que fue disuelta recientemente.

En un comunicado, organizaciones como Amnistía Internacional México, los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, así como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, exigieron al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, “abstenerse de realizar cualquier acto que inhiba el ejercicio del derecho a la protesta social”.

También, señalaron que es su obligación garantizar el derecho a la protesta de las personas manifestantes y la seguridad y protección a las personas que rindan su testimonio respecto de los hechos de represión.

A la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Veracruz le pidieron que lleve a cabo una investigación conforme a los derechos humanos sobre las denuncias de que elementos de la policía hayan utilizado la violencia en contra de las personas manifestantes para reprimir la protesta.

Asimismo solicitaron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Veracruz inicie las investigaciones sobre reportes de violaciones y daños sufridos por los manifestantes que fueron agredidas.

Las organizaciones sociales apuntaron que el conflicto socioambiental entre los pobladores de la Cuenca Libres-Oriental y Granjas Carroll lleva varios años, debido a los múltiples impactos ambientales y sociales de esta industria.

Recordaron que se ha denunciado ante las autoridades que la empresa ha contaminado el manto freático por los desechos de los cerdos, así como los impactos ambientales al aire y el suelo, que han sido documentados por las organizaciones.

En este sentido pidieron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente llevar a cabo una investigación sobre los impactos ambientales de las empresas presentes en la región y tomar las medidas correspondientes.

En el documento, indicaron que más allá de que el gobierno de Veracruz haya disuelto la Fuerza Civil, las organizaciones exigieron que se garantice la verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos, así como la sanción de los responsables.