En el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora hoy, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a las autoridades electas de los tres niveles de gobierno, a adoptar una agenda para cumplir con lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Lo anterior porque a siete años de la adopción de esta norma, aún hay pendientes importantes como contar con un programa nacional para prevenir y sancionar estos delitos. Las víctimas, subrayó, “demandan acciones puntuales y éstas no pueden posponerse”.

Indicó que la Estrategia Nacional contra la Tortura emitida por la Secretaría de Gobernación en 2023, siendo un esfuerzo loable, no suple la obligación de adoptar una política pública”, que establezca las bases para combatir ese flagelo a nivel nacional.

En un pronunciamiento, destacó que los pendientes para que las víctimas accedan a la justicia son apremiantes. “Muy pocas personas han sido sancionadas por el delito de tortura, falta consolidar el Registro Nacional del Delito de Tortura y actualizar el Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito. Además, es necesario que las fiscalías del país adopten planes de persecución penal”.

Asimismo, la ONU-DH recordó que persiste una deuda en la atención y reparación a las víctimas. En este sentido, señaló que no se han adoptado programas de rehabilitación ni por la Federación ni por las entidades federativas, a pesar de que la citada ley general así lo establece.

“Como consecuencia, las comisiones de víctimas y otras instancias responsables carecen de todas las herramientas para abordar la complejidad de la tortura y brindar una debida atención y reparación”, enfatizó.

Refirió que la ley general, adoptada en 2017, ha sido reconocida como un marco legal de avanzada. Además de incluir el tipo penal de tortura y otras medidas directas para la protección frente a esta grave violación a los derechos humanos, prevé la obligación de emitir una serie de instrumentos para alcanzar el objetivo de “erradicar una conducta inadmisible que transgrede severamente la dignidad humana”.

Para la ONU-DH México, el próximo inicio de las administraciones y legislaturas recientemente electas representa una oportunidad “crucial” para velar por los derechos de las víctimas, garantizar que nadie sea trastocado en su integridad personal y promover las reformas legales, programas y demás instrumentos necesarios para asegurar el pleno cumplimiento de la ley general y de los estándares internacionales sobre la materia.

“Adoptar estas medidas sería de gran valía para las víctimas y contribuiría a que México cuente con mejores herramientas de cara a la revisión que realizará el Comité contra la Tortura de la ONU sobre la base del octavo informe periódico a ser presentado”, expuso.

Aseveró que dichas acciones —sumadas “a los crecientes esfuerzos desplegados desde el Poder Judicial Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, la Conavim y el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, así como las organizaciones de la sociedad civil— contribuirían a desterrar definitivamente una práctica que, además de lesionar a las víctimas, socava la confianza pública”.