Ciudad de México. El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, denunció inexplicables demoras en el Consejo de Justicia de Nuevo León en juicios concernientes a delitos fiscales. Con el argumento de excesiva carga de trabajo, licencias de jueces o ajuste de agendas se postergan audiencias en estos casos hasta por 10 meses en procesos legales que involucran posibles evasiones fiscales que suman 3 mil 228 millones de pesos.

Citó como ejemplo extremo una audiencia programada para mayo de este año que fue reprogramada para abril de 2025. Y añadió: en un caso que involucra un monto de mil 854 millones de pesos de presuntos delitos fiscales (causa penal 633/2022), la audiencia originalmente fijada para agosto de 2022 se ha diferido cuatro veces; en la causa 332/2024, la audiencia solicitada se otorgó siete meses después de solicitada en un juicio que se refiere a evasión fiscal por 867 millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que estos expedientes de los juzgados de Nuevo León, todos tienen que ver con defraudación fiscal, que no quieren pagar impuestos los de arriba y, con puras chicanadas, con abogados tramposos.

Por otro lado, en la conferencia presidencial se evidenció el desempeño de la jueza María del Refugio Castañeda Guillén, quien ordenó modificaciones a las medidas cautelares a favor de Luis ‘N’, alías El Monedas. Él es hijo de José Antonio, alías El Marro, y dos cómplices más. Fueron detenidos el 7 de enero de 2024 por la fiscalía de Guanajuato con apoyo de la Secretaría de la Seguridad Pública.

Rodríguez Bucio expuso que “la jueza prescindió de la prisión preventiva justificada al considerar que, si bien Luis Antonio presentaba un alto riesgo de sustracción, no lo era tanto como para justificar la prisión preventiva; también desestimó el hecho de que Luis Antonio es el hijo de José Antonio ‘N’, alías El Marro”. Señaló que el Centro Federal de Readaptación Social tardó 24 horas más a las 24 que le había impuesto la jueza para verificar si no había otra denuncia en su contra, pero al final se tuvo que liberar.

Al abundar en torno al Consejo de Justicia de Nuevo León, Rodríguez Bucio declaró que se observan obstáculos para la impartición de justicia. Se ha observado que este centro incumple su obligación de impartir justicia en asuntos que involucran miles de millones de pesos en perjuicios fiscales.

Aseguró que esta situación ha generado una serie de obstáculos significativos en el proceso judicial, afectando la pronta y eficaz resolución de los casos. Se considera que no se ha impartido justicia porque las audiencias iniciales y de juicio oral han sufrido demoras significativas, violando el derecho a una justicia expedita, como lo garantiza la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.