Buenos Aires. Con una frialdad sobrecogedora y sin ningún signo de arrepentimiento Fernando Sabag Montiel, el hombre que apretó dos veces el gatillo de una pistola Bersa que se trabó, a sólo diez centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dijo este miércoles que “yo la quería matar y ella (su novia Brenda Ulliarte) la quería ver muerta” al declarar en el comienzo del juicio por el intento de asesinato contra la también dos veces presidenta de la nación, cuando estaba en la puerta de su casa y rodeada por una multitud, el 1 de septiembre de 2022.
También son juzgados Ulliarte y Nicolás Carrizo, considerado el jefe de estos en su calidad de supuestos vendedores de ieve, pero se descartó todo lo que se logró en la investigación y que puso en evidencia a los responsables intelectuales y financistas de grupos neonazis extremadamente violentos, que amenazaban a Fernández de Kirchner así como a dirigentes de derechos fumanos y otros funcionarios.
Fue el primer día del juicio en una causa colmada de irregularidades, con una jueza como María Eugenia Capuchetti, que trabajaba en dependencias del oficialismo, cuando era presidente el empresario Mauricio Macri, bajo cuya administración surgió el llamado Partido Judicial, en que jueces y fiscales, incluyendo a los de la Corte Suprema (que continúa hasta ahora) abrieron muchas causas a la ex mandataria que fueron cayendo por falta de pruebas.
Después de escuchar las acusaciones de la fiscal Gabriela Baigún, y de la querella, los abogados de Fernández de Kirchner, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira destacaron la gravedad de una acción nunca vivida desde que comenzó la transición democrática en 1983, e introdujeron una cuestión de género.
Es irregular lo actuado por la jueza Capuchetti, que asumió luego la fiscalía y para ella no existe vinculación política, ni siquiera financiamiento como si fuera sólo un hecho personal de un grupo de vendedores de nieve, y de los deseos de Sabag Montiel, a pesar de todo lo que se fue descubriendo.
La investigación de los abogados llegó hasta la casa de los Caputo, muy ligados a Macri. Luis Caputo fue funcionario de Macri y ahora es ministro de Economía del gobierno ultraderechista de Javier Milei.
Todo parece quedar en familia y el juicio deja por fuera lo sucedido que lleva hasta la entonces ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, hoy en el mismo cargo bajo el gobierno de MIlei, cuyo segundo en el cargo entonces era Gerardo Milman, al que denunció un testigo por haber dicho en un restaurante, que “cuando él llegara a la costa (atlántica) adonde viajaba esa nohe “ya va estar muerta (la vicepresidenta)”.
Sabag Montiel sostuvo que fue una decisión personal, haciéndose cargo del intento de asesinato, dejando fuera a su novia y a Carrizo, al asegurar no conocer a los neonazis de Revolución Federal, cuando estaba con ellos y especialmente Uliarte, fotografiada en las violentas marchas de esa agrupación.
Las razones que expuso es que Fernández de Kirchner era “corrupta, que robaba” lo que era entonces la información cotidiana de periodistas y medios que trabajaban para desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández y su vicepresidenta. Las contradicciones fueron tantas que resulta difícil entender su declaración.
Por su parte, Fernández de Kirchner por medio de las redes sociales envió lo que escribió el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, quien analizó como se manejó judicial y mediaticamente el intento de asesinato y puso todas las irregularidades de la investigación, que evidencian el ocultamiento y encubrimiento nada menos que de un intento de magnicidio por primera vez en el país.
