Ciudad de México. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio denunció durante la conferencia presidencial que el Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León hay un desempeño del personal que abiertamente va en contra de la impartición de justicia para delitos del orden fiscal. Señaló que a diferencia de otros centros similares, en esta unidad se han postergado 10 meses las audiencias a la fecha original.
Al señalar que el monto total de adeudos fiscales que involucran diversos juicios donde se ha postergado injustificadamente las audiencias asciende a tres mil 228 millones de pesos. Aseguró, incluso, que recientemente una audiencia programada para mayo de este año se reprogramó para abril del próximo año.
Rodríguez Bucio consideró que no hay justificaciones razonables para la postergación sistemática de audiencias en algunos casos relevantes. Las explicaciones sobre las demoras en las audiencias se justifican por la excesiva carga de trabajo; licencias de los jueces y ajustes en las agendas de los juzgados, situaciones que no se repiten en otros casos.
En otro orden de ideas, presentó, donde la jueza María del Refugio Castañeda ordenó la modificación de las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa contra Luis Antonio Yepez, hijo de José Antonio Yepes, alias El Marro, quien fuera dirigente del cártel Santa Rosa de Lima.
Su argumento fue que si bien había riesgo de que cambiar su condición a continuar el juicio en libertad le permitiera la sustracción de la justicia, no lo era tanto como para no ordenar su liberación. Por ello decretó su liberación otorgando un plazo de 24 horas para realizar.
Sin embargo, al ordenar al Centro Federal de Readaptación Social 12 de Guanajuato se instruyó revisar en todas las instancias de procuración de justicia si existía alguna otra orden de aprehensión, lo que motivó tomar 24 horas más para acreditarlo. Por ello, se impusieron multas a los encargados del mencionado centro.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, señaló que en el pasado proceso electoral fueron asesinados 12 candidatos a puestos de elección popular locales, ninguno para el proceso federal. Esta cifra contrasta con los 20 homicidios registrados en los comicios generales de 2018.
Señaló que se otorgó protección a 595 candidatos, de los cuales aún mantienen esa condición a 121, que continuarán con esta hasta que tomen posesión de sus cargos. Consideró que hubo una campaña mediática para hacer pasar esta elección más violenta de la historia a pesar de las cifras.
