La llegada de la 4T a los gobiernos de varios estados del país, desde 2018, no ha significado un cambio sustantivo en las violencias contra pueblos y personas defensoras del territorio y de la vida. Muchas de estas violencias han sido invisibilizadas, minimizadas políticamente e insertadas en un discurso que las normaliza, como si no quedara otro remedio que acostumbrarnos a vivir en ese escenario.
En Morelos, el 20 de febrero de 2019, apenas cuatro meses después de que rindió protesta como gobernador el ex futbolista y miembro del derechista Partido Encuentro Social, Cuauhtémoc Blanco, aconteció el asesinato de Samir Flores Soberanes. Samir era organizador comunitario, comunicador popular y persona clave en la articulación de pueblos que han resistido por más de 20 años al reordenamiento territorial que trae consigo el Proyecto Integral Morelos (PIM). Samir había participado de las protestas contra López Obrador quien, durante su campaña, había rechazado el proyecto y una vez como Presidente, lo retomó y justificó. López Obrador pasó de referirse al PIM como “un basurero en Jerusalén” y llamar luchadores sociales a quienes se oponían al megaproyecto, a calificarlo de un proyecto necesario para la soberanía energética y de “conservadores radicales de izquierda” a quienes seguían oponiéndose. El asesinato de Samir hoy permanece impune.
En Chiapas, gobernado por el morenista Rutilio Escandón, la situación es gravísima. Durante todo su sexenio, las corporaciones criminales fueron imponiendo su poder en todo el estado. Camiones llenos de personas migrantes que se volcaban en la carretera, desfiles de brazos armados del crimen organizado en camionetas, autos y motocicletas; desplazamientos forzados, extorsión, enfrentamientos en Tila, Comalapa, Chicomuselo, Pantelhó y muchas otras geografías, llamaron la alerta de organizaciones sociales y periodistas que denunciaron la situación. Los informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas son un retrato detallado del horror que en Chiapas se impuso. Destaca el asesinato cometido el 5 de julio de 2021 de Simón Pedro Pérez López, perteneciente a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Indígena y organizador comunitario, Simón Pedro había documentado el crecimiento de las corporaciones criminales en la región.
En Puebla, bajo el gobierno del morenista fallecido Miguel Barbosa, los pueblos cholultecas y de los volcanes se enfrentaron a la trasnacional Danone y su filial Bonafont, que saqueó el agua del municipio Juan C. Bonilla por más de 30 años. Donde antes estaba la empresa saqueadora, los pueblos construyeron el Altepelmecalli o Casa de los Pueblos, centro comunitario y punto de encuentro y diálogo. Como respuesta, el gobierno de Puebla, en coordinación con el gobierno federal, envió a la Guardia Nacional para desalojar a los pueblos en resistencia. El mensaje fue claro: el Estado mexicano se puso del lado del capital y contra los pueblos que luchan en defensa del agua. Hay que señalar que hoy nuevamente se libra una batalla importante en esa región.
La Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el basurero y por la defensa del Agua piden la clausura del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula, situación por la que han enfrentado intimidaciones y amenazas de instituciones federales, estatales y municipales.
La brutal represión perpetrada recientemente en Veracruz, estado gobernado por Morena, vuelve a encender las alarmas. El asesinato de los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, integrantes del Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca Libres Oriental, mientras protestaban contra Granjas Carroll, dedicada a la cría y comercialización de cerdos, es el saldo más grave. Hay que seguir investigando la situación de personas lesionadas, y también las que fueron perseguidas en hogares y hospitales. La protesta social ante la represión fue de tal, que el gobernador Cuitláhuac García se vio obligado a decretar la desaparición de la Fuerza Civil de Veracruz, corporación policiaca que participó de los ataques. Aunque es una medida importante, falta un largo proceso de justicia y el cierre de la granja y de otras empresas que roban y contaminan el agua de la región.
A escala estatal, los gobiernos de la 4T han mostrado una incapacidad para cuidar, entender y dar respuestas a las demandas de los pueblos en defensa de la vida y de los territorios. Casos parecidos a los que aquí se abordan pueden encontrarse en Guerrero, Michoacán, Oaxaca... Desde la Federación se ha minimizado a este gran sujeto del ecologismo popular que nos alerta sobre los graves problemas del ecocidio y la crisis climática que vivimos en el mundo. Es grave en sí misma la situación, pero se vuelve urgente si entendemos que estas luchas son en defensa de la vida de todos, que son luchas por el futuro.
*Sociólogo
@RaulRomero_mx
