Lima. La Federación Internacional por los Derechos Humanos entregó el martes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya documentación sobre la muerte de manifestantes durante la represión de las protestas antigubernamentales en Perú en 2022 y 2023 y pidió que el fiscal del tribunal internacional abra una investigación.

La Federación informó que participó con su integrante peruana Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de una reunión con la Fiscalía de la corte internacional en la que compartió un documento de 106 páginas que sustenta lo que calificó de “crímenes de lesa humanidad, asesinato e intento de asesinato... como parte de un ataque sistemático contra una población civil” en la crisis que se vivió en el país tras la destitución del presidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, la actual mandataria.

“Denunciamos el evidente racismo de los asesinatos que se dieron en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca, que afectaron en su gran mayoría a población indígena. El gobierno acusó, sin elementos de pruebas, a los manifestantes de pertenecer a grupos terroristas. Por este motivo, entre otros, los operativos, que contaron con la capacidad táctica y armamentista de los cuerpos de seguridad, tuvieron como resultado la represión violenta contra manifestantes mediante el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza”, explicó la directora para las Américas de la Federación, Jimena Reyes, tras salir del encuentro.

Las protestas contra la presidenta Boluarte se iniciaron el 7 de diciembre de 2022, el día en que asumió el poder luego de que Castillo fue destituido por el Congreso y encarcelado después de que intentara disolver el Parlamento y gobernar por decreto. Las manifestaciones se sucedieron hasta marzo de 2023 sobre todo en las regiones del sur peruano, de mayoría indígena y donde Castillo había arrasado en las elecciones presidenciales de 2021.

Gloria Cano, directora de Aprodeh, indicó a la prensa que el material presentado incluye las causas de muerte de cada una de las víctimas, entre otros detalles. "La mayoría fueron asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a la protesta”, agregó Cano.

Los informes de organismos internacionales destacan que durante las protestas contra el gobierno de Boluarte se registraron 49 civiles muertos, casi todos a causa de armas de fuego o perdigones y con heridas mortales en la parte superior del cuerpo. Casi la mitad —24 fallecidos— no participaban en las protestas. La mayoría de las muertes se produjeron en tres regiones de los Andes con población mayoritariamente indígena.

La Federación y Aprodeh sostienen que hubo disposiciones y recursos dados por altas autoridades para reprimir las manifestaciones y que los operativos de la policía y el ejército estuvieron justificados por decretos de emergencia del gobierno de Boluarte.

Tanto Boluarte como otras autoridades han negado su responsabilidad en las muertes.

La documentación presentada el martes también alerta sobre la situación en Perú y el “creciente autoritarismo, la corrupción endémica y la captura de las instituciones”.

Le corresponde al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, resolver si hay fundamento suficiente para abrir una investigación sobre las muertes.

A fines de 2023 la Fiscalía General peruana denunció a la presidenta Boluarte por homicidio calificado y lesiones graves ante el Congreso pero esa denuncia no prosperará, según la ley, hasta que la mandataria concluya su gobierno en 2026.