Ciudad de México. El gasto en la Pensión Universal de Adultos Mayores se triplicó como parte del producto interno bruto (PIB) a lo largo de los seis años, “lo que representa un crecimiento acelerado y una proporción de magnitudes que ningún programa de protección social había alcanzado con anterioridad en México”, dimensiona un nuevo libro publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Sistemas de pensiones no contributivos en América Latina y el Caribe: avanzar en solidaridad con sostenibilidad reconoce en la Pensión Universal de Adultos Mayores “una medida robusta y de largo aliento en la puesta en marcha de nuevas políticas de protección social, además de representar un paso firme hacia la construcción, el desarrollo y el fortalecimiento del Estado de bienestar”.
Sin embargo, el que haya pasado de absorber el 0.46 del PIB en 2019 a 1.33 por ciento en 2024 exhibe que el principal pendiente del programa de transferencias, elevado a derecho con rango constitucional, se encuentra en garantizar su fuente de financiamiento, explica el libro coordinado por Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal, y Claudia Robles, oficial de Asuntos Sociales en la misma división.
“Se necesita un elevado presupuesto para garantizar el financiamiento de la pensión de manera estable y predecible; es decir, el sistema de pensiones no contributivo (...) exige consolidar su sostenibilidad financiera”, destaca la publicación presentada en el marco del Cuarto Seminario Regional de Desarrollo Social de la Cepal.
Como parte de un análisis regional, el libro destaca que actualmente México cuenta con el sistema de pensiones no contributivas (que no están condicionadas al trabajo formal) con mayor extensión en América Latina y el Caribe. El año pasado, el padrón alcanzó a más de 10 millones de personas, con una cobertura efectiva superior al 90 por ciento para el grupo de población de 65 años y más.
Al ser un derecho se había estado financiando en parte con “una reingeniería presupuestal que ha fomentado ahorros y permitido la realización de transferencias intrapresupuestarias para financiar programas y nuevos derechos sociales. No obstante, en el horizonte aparece la necesidad de contar con una perspectiva a mediano y largo plazo, con ingresos permanentes para gastos permanentes”.
Y es que el programa no sólo ha crecido en cobertura, también en el monto de transferencias. Pasó de mil 275 pesos mensuales en 2019 a 3 mil en 2025. “Esto representa un incremento del 135 por ciento en cinco años, lo que supone un cambio relevante de suficiencia de la pensión base y un esfuerzo presupuestal significativo”.
Con estas cifras, la publicación de la Cepal estima que la pensión cubre al 165 por ciento de la línea de pobreza extrema rural, al 127 por ciento de la línea de pobreza extrema urbana, al 88 por ciento de la línea de pobreza rural y al 63 por ciento de la línea de pobreza urbana. Y su impacto ha sido mayor entre las mujeres.
Transición generacional
El libro considera que, desde una perspectiva de trayectoria de vida, la política social se ha recargado en los apoyos a las personas mayores y cada vez es mayor la divergencia respecto a lo que se destina a las infancias, grupo etario donde la pobreza también llega a estar más extendida.
“Tras haberse logrado implementar una pensión universal robusta y significativa, en México parece haber llegado el momento de equilibrar las transferencias con una creciente relevancia de las transferencias monetarias directas para la infancia. Ello redundaría, sin duda alguna, en una sensible aceleración de la disminución de la pobreza en el país”, urge el organismo.
Luego de subrayar que la pensión universal a adultos mayores vista como un derecho nació en la Ciudad de México, en 2003, la publicación de Arenas de Mesa y Robles considera que lo mismo podría ocurrir con Mi Beca para Empezar, un programa cuasiuniversal de transferencias dirigidas a las niñas y niños inscritos en el sistema de educación público en la ciudad y que en noviembre de 2022 fue reconocido como derecho en la Constitución Política de la Ciudad de México.
