Sumido en una crisis multidimensional sin precedentes, producto de una inestabilidad estructural heredada de una historia marcada por la colonización franco-española y los intereses económicos, militares, geopolíticos y de seguridad nacional de Estados Unidos en el Gran Caribe a partir del siglo XX −así como por una cadena de desastres naturales y ambientales recientes−, Haití, emblema de la revolución antiesclavista y primer país independiente de las Américas, vive hoy un caos gansteril necropolítico planificado, y su población, que protagonizó una insurrección antineoliberal en 2018, es presa de un pánico y un terror inoculados por una federación de bandas paramilitares denominada Viv Ansanm (“Vivir Juntos”, en creole haitiano), que controlan al menos 60 por ciento del territorio metropolitano, incluida la capital, Puerto Príncipe, lo que ha provocado un éxodo constante.
Dicho modelo de tonton macoutización o tercerización (mercenarización) del control territorial por actores armados no estatales −remedo de los escuadrones de la muerte al servicio de la dictadura de François Papá Doc Duvalier−, como instrumentos de la corrupta y lumpenizada élite político-empresarial haitiana para desarticular la protesta social y el tejido comunitario, resurgió durante la fraudulenta llegada al poder del neoduvalierista y ultraconservador PHTK (Partido Haitiano Tèt Kale), primero bajo la presidencia de Michel Martelly (2011-16) y luego con el empresario bananero Jovenel Moïse (2016-21), ambos bajo la tutela de Washington.
Tras el magnicidio de Moïse a manos de mercenarios colombianos y estadunidenses, bajo la batuta de la administración Biden, el Core Group −una especie de consejo colonial encabezado por EU, Francia, España, Alemania, Brasil, Canadá, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos que impulsa la diplomacia del caos− impuso a Ariel Henry como jefe de Estado de facto, y en abril último, cuando éste estaba en Kenia negociando el arribo de una misión militar multinacional auspiciada por la Casa Blanca para restablecer el orden, la alianza paramilitar Vivir Juntos, encabezada por el ex policía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, desató una feroz ola de violencia, exigió su renuncia y amenazó con una guerra civil. Presionado por Washington, Henry renunció, y el 25 de abril el Core Group logró integrar un consejo presidencial de transición que rige hasta nuestros días bajo el toque de queda y el estado de emergencia.
El despliegue de la Misión de Apoyo de Seguridad Multinacional liderada por Kenia, había sido negociado durante un viaje a África, en abril de 2019, por el senador republicano Marco Rubio, y en marzo último, durante una reunión con la Comunidad del Caribe (Caricom) sobre Haití, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció en Jamaica una aportación de 300 millones de dólares para su funcionamiento. La administración Biden quiere mantener el control de ese enclave geoestratégico en el Gran Caribe −cercano a Cuba y Venezuela−, pero tercerizando la conducción de la operación, para no pagar los costos políticos traducidos en un eventual voto rechazo de la diáspora haitiana en las elecciones de noviembre en EU.
A su vez, con el objetivo de afectar electoralmente al demócrata Biden, el legislador Marco Rubio, republicano por Florida, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha venido alentando de manera subrepticia un éxodo migratorio de haitianos, calculo que también está presente en su agenda desestabilizadora contra Cuba. El accionar de Rubio, un ultraconservador con raíces cubanas, forma parte de su pacto con el candidato presidencial Donald Trump, dirigido a destruir la carrera política del gobernador de Florida, Ron de Santis, correligionario de ambos, y forzar una intervención militar en Haití, lo que ante probables bajas estadunidenses, podría complicar aún más la gestión de Biden y sus aspiraciones releccionistas.
Fiel defensor de los asesinatos vía drones y los golpes quirúrgicos made in USA, en marzo pasado Rubio visitó la Base de la Reserva Aérea de Homestead (HARB, por sus siglas en inglés), en Florida, sede del Comando Sur de Operaciones Especiales del Pentágono y de numerosos activos de la Patrulla Fronteriza, Aduanas y la Guardia Costera de EU, y destacó su importancia estratégica para “disuadir y destruir amenazas” a la seguridad nacional estadunidense, que podrían provenir, dijo, de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela, al utilizar esos territorios como base para armar terroristas. Incluso fantaseó con un escenario como el de los hutíes en el mar Rojo, replicado para atacar barcos cerca de Florida con drones similares. También hizo alusión a la desmentida idea sobre la presunta existencia de una base militar y de espionaje de China en Cuba, y añadió que ante el crecimiento del condado Miami-Dade, la Base HARB, asiento de los F-15 Eagles y los F-16C Fighting Falcons, sigue siendo un “recurso vital” para la seguridad de EU al sur de la Florida en caso de conflicto a gran escala, en clara alusión al aumento de emigrantes cubanos asentados en esa localidad. Aseguró que HARB podría ser necesaria antes de lo previsto.
Para la administración Biden, la eventualidad de tener que enfrentar un conflicto militar con epicentro en Haití −que pudiera cobrar vidas civiles y desencadenar una contingencia migratoria muy cercana a sus costas en pleno periodo prelectoral−, sólo beneficiaría a Trump y los republicanos. A la vez, un éxodo masivo de haitianos incendiaría la región del Gran Caribe, afectando también la seguridad de Cuba, por lo que para la Casa Blanca sería mejor adoptar una posición pragmática y coherente con sus intereses nacionales, lo que conllevaría a un cambio en su política hacia La Habana, sobre la base de que se produzca un verdadero avance de las relaciones en materia de cooperación con la mayor de las Antillas.
