Bogotá. El presidente Gustavo Petro negó hoy tajantemente que su gobierno realice labores de espionaje, seguimientos o interceptaciones telefónicas a opositores, periodistas o magistrados de las altas cortes, tal como aseguran integrantes de la Corte Constitucional que pidieron a la Fiscalía General (procuraduría) investigar sus denuncias.

Ante la sala plena de la Corte Constitucional, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, fue informada la semana pasada de las preocupaciones de miembros de esa corporación en torno a una posible “persecución por parte de organismos de inteligencia estatal”.

El presidente de la corte, José Fernando Reyes, entregó a Camargo una dura carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez en la que este asegura que él y su esposa son víctimas de “operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contra inteligencia”.

Ibáñez asegura en la misiva que “desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos, al igual que las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho”.

El magistrado dijo que no descartaba que “esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados, al tiempo que aseguró que “funcionarios de monitoreo y analítica, adscritos a la secretaría de comunicaciones y prensa de la Presidencia de la República, han hecho seguimientos con fines de perfilamiento a mi esposa”.

Magnificado por algunos medios locales, el tema de las posibles interceptaciones despertó viejos fantasmas de épocas nada remotas en las que los gobiernos de Iván Duque y Álvaro Uribe apelaron a la intimidación de sus críticos a través de prácticas gangsteriles que terminaron conociéndose en detalle con el paso del tiempo.

Cronistas locales han recordado el bochornoso episodio ocurrido durante el segundo gobierno de Uribe (2006-2010), cuando organismos de inteligencia llenaron de micrófonos la sala plena de la Corte Suprema de Justicia utilizando a una humilde mujer que servía el café en el solemne lugar, donde los magistrados evaluaban pruebas sobre la penetración del paramilitarismo en la política.

"Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”, escribió hoy Petro en su cuenta de X, subrayando que la inteligencia del Estado se enfoca a perseguir al gran crimen.

Agregó el mandatario que “desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, la prensa o las cortes”.

Tras las denuncias de espionaje, el balón -dicen analistas- ha quedado en la cancha de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien calificó de “graves” las acusaciones contra el gobierno y ofreció una investigación rápida y contundente.

Nombrada hace un par de meses por la Corte Suprema de Justicia de una terna presentada por Petro, Camargo enfrenta su primer gran reto investigativo luego de haber sido acusada por partidos tradicionales y voceros de la extrema derecha de ser “fiscal de bolsillo de Petro”.

Nuevo intento de paz

En Caracas, entre tanto, las delegaciones del gobierno y de las guerrillas conocidas como Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, iniciaron esta tarde diálogos formales de paz en medio de airadas críticas de las fuerzas tradicionales, que consideran inaceptable una negociación con estructuras armadas que firmaron los acuerdos de paz de 2016 pero luego regresaron a las armas al considerar que el Estado había incumplido lo pactado.

Expertos en el tema de la paz consideran que esta negociación, tercera que mantiene el gobierno, se centrará en conseguir la implementación de los acuerdos de 2016, en especial en los temas de reforma agraria y sustitución de cultivos ilícitos. La piedra en el zapato, no obstante, parece ser la situación jurídica de Márquez y otros comandantes rebeldes que suscribieron el pacto de La Habana y se acogieron a la justicia transicional derivada de este.