La reforma judicial y los nombramientos del futuro gabinete presidencial se han convertido en intensos campos de batalla de la especulación mediática. En ambos casos se intentan encontrar claves respecto a la continuidad dominante del presidente saliente o la adaptación con sello propio de la entrante.
Las especulaciones sobre el primer punto plantean que López Obrador impone tiempos y formas en cuanto a la polémica reforma citada y Sheinbaum Pardo intentará eludirlos (aunque la retórica diga otra cosa) para que, ya instalada en la silla presidencial, las negociaciones y consecuencias le correspondieran inequívocamente a ella.
Respecto a los primeros nombramientos del gabinete claudista hay opiniones encon-tradas: unos creen que la primera tanda es una maniobra engañosa, en busca de aparentar moderación y desactivar protestas o recelos, sobre todo de empresarios y segmentos socioeconómicos de alto nivel, y otros creen encontrar motivos reales de esperanza de una modulación claudista, menos confrontacional.
Este jueves, cuando se presente la segunda lista de nombramientos, la atención estará puesta en las secretarías de la Defensa Nacional, de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana. La primera tiene una relevancia extraordinaria, ahora también en empresas y áreas distantes de lo estrictamente militar. Un cambio histórico sería que al mando llegara un civil, que además fuera ajeno a las camarillas verde olivo que pugnan por mantener sus privilegios (algo doblemente histórico sería que la designación recayera en una mujer). Sin embargo, el mayor enigma se refiere al bando interno que será postulado para el siguiente sexenio y el grado de continuidad impuesta que podría, o no, implicar.
Para ocupar Gobernación se mencionan en especial los nombres de Rosa Icela Rodríguez Velázquez y, con menos fuerza, Mario Delgado. La actual titular de Seguridad y Protección Ciudadana ya ocupó, con la propia Sheinbaum, el segundo lugar en el organigrama, como secretaria general del gobierno capitalino (un equivalente a la cartera federal de Gobernación) e incluso fue invitada en su momento a ocupar la jefatura interina de gobierno, que finalmente recayó en Martí Batres. En aquella ocasión, Rosa Icela prefirió seguir con el presidente López Obrador en la SSPC.
Otro enigma a resolver es el relacionado con Omar García Harfuch, a quien Sheinbaum quiso instalar de candidato a la jefatura del gobierno capitalino, pero predominó la instrucción en favor de Clara Brugada. La virtual presidenta electa busca colocar a su ex jefe de policía como secretario de Estado (¿y un temprano precandidato presidencial para 2030), aunque las mismas reticencias dominantes que impidieron que fuera candidato a gobernar la Ciudad de México pretenden frenar la llegada al gabinete legal de quien fue director de la Agencia Federal de Investigación después de Iguala-Ayotzinapa, con Enrique Peña Nieto. A menos que, al final del duelo de poderes, pasen Rosa Icela a Gobernación y García Harfuch a Seguridad y Protección Ciudadana.
No necesariamente estas tres titularidades deberán anunciarse el jueves de la semana en curso. Recuérdese que las secretarías de Estado, y la Consejería Jurídica, a la que se da ese nivel, son 20, así que, de sostenerse el ritmo de entrega de seis en seis, bien podría darse un jueves más de nombramientos del gabinete “legal”, el 4 de julio. De ese primer nivel, quedarían dos designaciones pendientes. Y faltarían las más relevantes (Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Issste, Seguro Social, entre otras) del gabinete que suele llamarse ampliado, el cual incluye 299 dependencias y organismos descentralizados.
Y, mientras Claudia Sheinbaum ha confirmado que la Guardia Nacional será parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, conforme a las reformas constitucionales derivables del plan C, ¡hasta mañana!
