Ciudad de México. Por unanimidad, las fiscalías de todo el país llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a preservar en el mandato en la Constitución de aplicar la prisión preventiva oficiosa en delitos graves como secuestro, feminicidio, homicidio, desaparición forzada, entre otros, pues de lo contrario advirtieron que saldrían de prisión más de 60 mil personas procesadas por esos delitos y se mermaría la autonomía del Estado, su seguridad y la justicia penal del país. 

El llamado se hizo durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), integrada por los 32 fiscalías generales de Justicia de los estados y la Fiscalía General de la República (FGR), que fue celebrada a puerta cerrada el pasado 21 de junio. 

“Se determinó por unanimidad, que debe  preservarse la Soberanía Nacional y la Supremacía Constitucional, en  su aplicación puntual, ya que de lo contrario se mermaría la autonomía del Estado Mexicano, su   seguridad y la justicia penal en el país, al desconocer a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la que regula la existencia misma, así como las atribuciones de la propia Suprema Corte”, informó este domingo la FGR, en el comunicado 321/24.

En la Corte, está en análisis un proyecto de sentencia que propone anular el segundo párrafo del Artículo 19 constitucional que ordena aplicar la prisión preventiva oficiosa en una veintena de delitos.  

“Resolver en contra de la Constitución, permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos por delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y otros graves, obtengan su libertad procesal lo que implicará que  la sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso, ya que es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir de lo  cual,  se cuenta con un gran número de casos”, advierte la FGR. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la Asamblea concluyó que es  “indispensable, prioritario y obligatorio cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, frente a los efectos nocivos de la liberación masiva de imputados”.