Como sucedió en 2018, ahora es muy significativo que Sheinbaum haya ganado la Presidencia holgadamente, con 36 millones de votos contra 16.5 millones de Xóchitl Gálvez) y, además, logrado una clarísima mayoría en el Congreso. Pero, como en 2018, a Morena le faltan unos cuantos votos que le permitan aprobar el crucial proyecto de reforma judicial.
Lo mismo pasó en 2018 con la iniciativa de cancelar la reforma educativa de Peña Nieto. Se sabía que mientras estuviera viva no habría paz ni ánimo nacional de victoria electoral indispensable para un sexenio que comenzara bien. Así, presionado por su propia urgencia, AMLO se colocó en una posición en que Morena, en aquel entonces, se vio obligada a conseguir como fuera los pocos votos adicionales necesarios.
Y allí es donde ni tardos ni ciegos, diputados del desmembrado PAN en 2018 “generosamente” se acercaron a ofrecer sus votos, aunque en apariencia esto significaba desaprobar lo que apenas seis años antes, de la mano con Claudio X. González, habían entregado a Peña Nieto. Morena aceptó, pero tuvo que pagar un alto precio por (en apariencia) deshacerse de la reforma a la educación heredada de la administración priísta anterior.
Al aliarse con los y las legisladoras del PAN por un puñado de votos, Morena, de hecho, abrió la puerta a que los legisladores del PAN se asumieran como el interlocutor básico y del mismo nivel que Morena. Como todavía en marzo 2019 el secretario de Educación, Moctezuma Barragán, lo aceptaba en la prensa, la reforma y su nuevo contenido sólo se aprobaría si era consensuado con otros legisladores. Así, ya no importó que Morena y aliados hubieran ganado con 30 millones de votos en la justa electoral; en las negociaciones de la Corte los del PAN en los hechos tuvieron la misma fuerza que si hubieran empatado.
Tan evidente fue el nuevo rango adquirido que cuando en los pasillos cortesanos se corrió el rumor de que las autoridades educativas y legisladores de Morena por su cuenta (¡!) pretendían anexar a la ley educativa un transitorio que otorgaba preferencia para una plaza a los y las egresadas de normales públicas, los panistas visiblemente alterados buscaban por todas partes confirmar si era cierta la noticia.
Por eso la reforma constitucional y las leyes de ahí emanadas están tan pobladas de los rasgos sustanciales del universo normativo de lo aprobado por el PAN con Peña Nieto. Al cambiar algunos nombres, introducir arabescos laterales y borrar las aristas más problemáticas (como la de la evaluación-despido), la reforma hecha por PAN y Morena se aprobó el Día del Maestro, 15 de mayo de 2019.
Por eso, en la educación básica la Usicamm sustituye al INEE; por eso, el énfasis ya no en la calidad, sino en la excelencia; el verticalismo autoritario; la unilateralidad; la negativa al derecho laboral pleno, y los bajos salarios. Y en la educación superior se otorga un blindaje a las instituciones privadas (ellas deciden quién tiene derecho a educación); se crea una fantasmagórica gratuidad que en los hechos impide que las públicas se vuelvan gratuitas y hagan competencia desleal a las privadas; se legaliza la evaluación y acreditación en manos de organismos privados; autoriza la mercantilización del conocimiento con la venta de servicios universitarios; la participación de las privadas en la instancia nacional de conducción de la educación superior y otras.
No debe extrañar entonces que en el sexenio que ahora concluye, el aumento de matrícula privada (14.5 por ciento) se acerque a ser el doble que la pública (8.1 por ciento); que la ley no contenga dispositivo alguno que regule los aumentos en las colegiaturas y que las nuevas instituciones públicas surgidas en este sexenio languidecen con una escasa matrícula (Universidades del Bienestar: menos de 65 mil).
Si con la reforma judicial se repite este escenario de colaboración con otras fuerzas, como el que hizo surgir cual vástago a la “nueva escuela y universidad mexicana”, tendremos entonces una similarmente regresiva “nueva justicia mexicana”, con elementos, candados, reinterpretaciones que ahora es difícil anticipar, pero que ya pueden rastrearse si se leen al revés y al derecho las posturas del PAN y otros organismos similares. Independientemente de si la reforma judicial se aprueba todavía en este sexenio o en el que viene, está la pregunta de qué hacer con la reforma educativa del PAN-Morena aprobada en 2019.
El problema no es sólo la creciente inconformidad que puede provocar, sino el obstáculo que para la nación y generaciones de jóvenes representan sus rasgos internos. Haber reinterpretado en óptica conservadora el derecho a la educación, a la gratuidad y a la participación nacional en el rumbo educativo son una marca conservadora en un país dinámico y cada vez más politizado. El estancamiento de la educación pública, el rechazo y el abandono de los jóvenes, no mienten. Y las leyes se pueden cambiar. Si se quiere.
*UAM-X
