Toluca, Méx. Por acuerdo del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal del Estado de México, en la entidad se formará un grupo interinstitucional que habrá de revisar los casos de personas privadas de su libertad que se consideren injustos o ilegales, y se deberán resolver con una perspectiva de derechos humanos.

Este fue un compromiso asumido por la gobernadora Delfina Gómez, durante su campaña, quien hoy reconoció que el acceso a la justicia para las personas más necesitadas había sido durante décadas una deuda del gobierno.

Durante la primera sesión de este órgano, en el que participan los tres poderes del estado, también se aprobó otro acuerdo que permitirá emprender una revisión de las solicitudes de amnistía para personas de grupos vulnerables que se encuentren privados de su libertad, acusados de delitos de alto impacto.

Además, se pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México impulsar que más casos judiciales se resuelvan mediante el procedimiento de juicio abreviado, con el fin de que se pueda transitar hacia una justicia más pronta y expedita.

En este sentido, el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuellar, pidió que el Congreso del estado sea el conducto para presentar ante el Poder Legislativo una iniciativa de reforma al Código penal y al de procedimientos penales, para que las solicitudes de juicio abreviado se puedan pedir por cualquiera de las partes y no solo de la representación social, como actualmente ocurre.

La gobernadora indicó que se deben cumplir con las disposiciones constitucionales y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que “la justicia debe ser pronta, completa, imparcial, independiente y garantizar el derecho de todas las personas a ser escuchadas con las debidas garantías dentro de un plazo razonable”.

Insistió en que se debe seguir trabajando para cambiar la percepción de los ciudadanos respecto a la justicia en la entidad y dijo que otro de los pendientes es fortalecer los mecanismos para acceder a la reparación integral del daño a víctimas y ofendidos; pidió también al Instituto de la Defensoría Pública y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México trabajar en ese sentido.

La gobernadora recordó que el trabajo coordinado con el Poder Judicial ha permitido materializar la ejecución de la Ley de Amnistía, aprobada hace un par de años, otorgando más de tres mil indultos y más de cuatro mil beneficios de preliberación, con lo que se ha disminuido la sobrepoblación de las cárceles mexiquenses, que en la actualidad albergan a más de 35 mil reos, cuando la infraestructura instalada es para una capacidad máxima de 14 mil.

El consejero jurídico del gobierno del estado, Jesús George Zamora pidió asumir una actitud autocrítica respecto al trabajo que se ha hecho en materia de administración y procuración de la justicia, pues la entidad sigue siendo una de las peores calificadas de todo el país en estos rubros.

“El viernes pasado recibimos resultados del índice de Estado de Derecho del World Youth Project (Proyecto de Juventud Mundial), que señala que el estado de México es el último lugar de entre todas las entidades federativas y en particular, respecto al factor del sistema de justicia penal; nos señalan en el lugar 31 de 32. Ese es el reto que tenemos, debemos trabajar para cambiar esa percepción que se tiene de la justicia en el estado”.