Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que en la recta final de su mandato continuará avanzando en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, y que el 3 de julio entregará a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 un informe detallado sobre los progresos de la investigación.

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, afirmó que en la última reunión que sostuvo con las familias de los estudiantes, los abogados le plantearon que él ya no cumplió con encontrar la verdad. En ese contexto, señaló que al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) –que acompaña a las familias–lo echaron a perder por completo por la influencia conservadora.

Dijo que el Prodh signó un acuerdo con el ex presidente Enrique Peña Nieto para la búsqueda de los jóvenes. Ellos firmaron con Peña Nieto y eso no lo saben los padres de Ayotzinapa. Enfatizó que la organización promovió amparos para que quedaran en libertad decenas de implicados en la desaparición, por lo que aseguró que el Prodh litiga en favor de las familias mientras defiende a presuntos responsables. Y tengo las pruebas, añadió.

Recordó que los abogados le han pedido que los ponga en contacto con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. “Lo que les dije: ‘sí, yo los voy a poner en comunicación con la próxima presidenta, quien es muy sensible y quiere también saber sobre el paradero de los jóvenes, y habrá justicia, pero espérenme, que todavía me faltan tres meses”.

Afirmó que intereses y agencias extranjeras buscan que se culpe al Ejército en su conjunto por la desaparición de los 43 normalistas para debilitar a las instituciones del país y poder mandar, y anunció que su gobierno está trabajando para traer ante la justicia mexicana a Ulises Bernabé, juez de barandilla de Iguala que estaba en funciones la noche en que fueron desaparecidos los jóvenes. Destacó que impugnará el asilo que le otorgó una corte de Estados Unidos en 2020 y buscará su extradición a México.

Criticó que en cuanto otorgó el asilo, la justicia estadunidense señaló a partir de dos testimonios que “resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos.

Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran responsables de este horrible incidente, según el fallo emitido en su momento por la corte del país vecino, que fue leído por López Obrador en su conferencia. Esto no está probado, declaró el mandatario. Agregó que le parece sospechoso que instancias extranjeras, como la DEA, hayan expresado aproximadamente desde 2016 que la responsabilidad de la desaparición fue exclusivamente del gobierno federal o del Ejército.

Expuso que en los meses que siguieron al ataque, siempre se habló de que los responsables fueron autoridades locales, policías municipales y grupos criminales. Después empezó a cambiar la narrativa, y yo tengo mis sospechas, porque en ese entonces había la intención desde Estados Unidos, en particular de la DEA, de vengarse del Ejército. Admitió que hubo responsabilidad del Estado y del Ejército Mexicano en los hechos, pero no se puede decir por consigna que fue el Ejército.

Agradeció a los secretarios de Marina, Rafael Ojeda, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, porque han trabajado para que no se permita a nadie abuso de autoridad, que no se les otorgue impunidad, porque no por el mal desempeño de algunos soldados y marinos se puede afectar a una institución.