El pasado 14 de junio dos funcionarios del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (Aphis) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos fueron bajados de su vehículo y retenidos durante la toma de una carretera por una “supuesta manifestación social” en Michoacán. El personal se comunicó con sus superiores, quienes decidieron suspender la revisión en Michoacán del denominado oro verde, y el lunes 17 la medida también se extendió a la exportación del mango.

A pesar de que el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que los inspectores nunca estuvieron en riesgo durante su retención, hasta el momento no se han reanudado las labores para que estos productos vuelvan a enviarse a Estados Unidos. Incluso el embajador en México, Ken Salazar, emitió un boletín de prensa el 18 de junio, donde mencionó: “que las actividades quedarían suspendidas hasta que se hayan resuelto estos problemas de seguridad”.

El embajador también refirió que seguirá de cerca la situación y mantiene contacto con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack; el jefe adjunto de misión, Mark C. Johnson; la agregada del Departamento de Agricultura, Holly Higgins, y el director regional de Aphis para América del Norte, Cristóbal Zepeda, además de que continuará trabajando estrechamente con las autoridades estatales en Michoacán para garantizar la seguridad de los equipos de inspección agrícola.

Esta pausa comercial es otro significativo revés a las exportaciones, a la economía mexicana, a la seguridad y al estado de derecho, sobre todo frente al panorama actual del país y la depreciación del peso en las últimas semanas, pero, desafortunadamente, dicha situación, ha sucedido en años anteriores. En agosto de 2019 un inspector fue robado y otro grupo de empleados sometidos a intimidación, por lo que el Departamento de Agricultura de EU amenazó con suspender de forma temporal el programa de inspección en una ciudad también en el estado de Michoacán.

En febrero de 2022 sucedió lo mismo, después de que un inspector de seguridad sanitaria recibió un mensaje amenazador, y el cese se restableció al cabo de una semana.

¿Qué ha implicado para México, y especialmente para este estado el aumento del consumo del aguacate? ¿De qué forma el crimen organizado se ha aprovechado y ha incrementado la inseguridad? Pero, sobre todo, ¿cómo podría afectar este conflicto nuestra relación con EU?

Tomemos en cuenta que en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón envió 6 mil 500 elementos del Ejército Mexicano a Michoacán con la finalidad de enfrentar al grupo delictivo denominado La familia michoacana; éste se había hecho del control de la entidad después de que irrumpieron en un club nocturno en Uruapan, donde arrojaron cinco cabezas en la pista de baile, un mensaje para Los Zetas y una escena inconcebible para un México que todavía no normalizaba ni estaba acostumbrado a esta barbarie y crueldad.

Desafortunadamente, los cárteles se han diversificado, y vieron en el campo mexicano un área para explotar, por lo que irrumpieron violentamente en algunos estados del país, sobre todo en aquellos donde la exportación es esencial. No sólo han agredido a los propietarios de los sembradíos, a quienes además les cobran tarifas por protección, sino que también han arremetido contra trabajadores de la cadena productiva y transportistas.

Es innegable que el aguacate ha ganado una popularidad auspiciada por sus bondades nutritivas, los millennials y el Super Bowl, entre muchos factores; por lo que este punto de inflexión entre México y Estados Unidos puede derivar en una situación mucho más compleja, sobre todo cuando cerca de 85 por ciento de la producción aguacate se va a esa nación.

La medida impuesta por nuestros vecinos estadunidenses afecta significativamente a Michoacán, el mayor productor de aguacate del país y, por supuesto, a México; incluso de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas esto provocaría pérdidas de al menos 52 millones de dólares semanales. A lo anterior hay que agregar la merma de vida útil de los productos, los costos en los empaques, el desvío a otros mercados, entre otras situaciones.

Ante esta coyuntura, debemos preguntarnos ¿de qué lado queremos estar? No sólo nuestro país, sino también nuestro vecino estadunidense, pues aplazar la solución al conflicto sólo fortalece al narcotráfico, probablemente incluso le da un triunfo y una brecha de acción que no previó, pero que seguro está generando muchos daños colaterales.

Es indiscutible que la seguridad de la población debe estar por encima de cualquier situación. Claro que debemos trabajar para que este escenario no vuelva a repetirse y que la mesa de trabajo propuesta para el próximo lunes aborde esquemas y estrategias que disminuyan la violencia; pero sobre todo debemos apostar por la resolución pacífica de los conflictos y colaborar en un desarrollo armónico de la agenda bilateral con respeto pleno de las partes, porque solamente a los delincuentes y a los enemigos de México les conviene esta disyuntiva.

*Consultor en temas de seguridad, inteligencia, educación, religión, justicia y política.