Madrid. El juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, decidió abrir un juicio penal por los delitos de cohecho en grado de continuidad y de revelación de descubrimiento y revelación de secretos contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y su ex presidente, Francisco González, al que señala como el último responsable de la contratación del ex comisario de policía José Manuel Villarejo para realizar diversos actos de espionaje y acoso entre los años 2004 y 2016. En la investigación se recopilaron numerosas pruebas y testimonios sobre las técnicas y métodos violentos de Villarejo, que lo mismo utilizó para amedrentar y coaccionar a otros empresarios o banqueros de la competencia que para intentar silenciar a periodistas.

El ex comisario Villarejo es un oscuro personaje que durante varias décadas se convirtió en el responsable de las tramas más graves de espionaje y corrupción en las grandes multinacionales españolas y de la administración pública. Él, consciente de que casi siempre estaba vulnerando la legalidad, grababa todas las conversaciones que mantenía con sus “clientes”. De su “archivo personal” han salido audios relacionados con las tramas de corrupción del rey emérito español, Juan Carlos de Borbón, de la financiación irregular del Partido Popular (PP) o de las prácticas empresariales presuntamente ilegales de empresas como Iberdrola, BBVA o Telefónica.

En el auto del juez español, de 268 páginas, se pone fin al llamado periodo de la instrucción y propone juzgar, además de al BBVA y a González, a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales. Además, acuerda el sobreseimiento de las actuaciones contra once investigados. El grueso de la investigación se basa en un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que se relata que el inicio de los hechos surgió con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002. Dicha contratación contó con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González, según el auto, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

Según el relato del auto, “conociendo Julio Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo CENYT, le comunicó a su Presidente, Francisco González, la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo, lo que él mismo, dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de Altos Directivos y Directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo”, señala el auto.

El auto detalla todos los encargos realizados por la entidad, así como los pagos efectuados al Grupo Cenyt y señala que a lo largo de varios de los años investigados el BBVA fue el principal cliente de la empresa de Villarejo. El magistrado considera acreditado que los investigados eran conscientes de que con dichos contratos se estaba vulnerando la normativa interna de la entidad al contratar con una estructura societaria dirigida por un policía en activo que recababa los datos mediante contraprestaciones a funcionarios policiales en act