Son intensas las disputas por el tamaño de las parcelas y los lugares a ocupar en el periodo sexenal siguiente. Grupos de interés se enfrascan en pujas para asegurar la prevalencia, ya sea de sus visiones o, de ser posible, su influencia y capacidad decisoria. En este estira y afloja nadie cede de manera gratuita o graciosa. Los triunfos se aseguran y las derrotas se escatiman y diluyen en lo posible. Lo que está en juego es apreciar, dimensionar con precisión, la disposición del nuevo gobierno de la República, para dar cabida a los diferentes contendientes y corrientes del pensar.

Todos saben que la pelea por el lugar y peso de cada quien no será fácil ni, tampoco, permanente. Pero la voluntad de luchar con todas las fuerzas de cada quien es la exigencia para prevalecer.

El tema para dirimir posiciones que se ha escogido es la futura reforma judicial. En esta tarea, a ser desarrollada por el Congreso, se centran todas las fuerzas reales. Cada una ha pagado la entrada y se apresta a continuar la pugna hasta el mero final. Se inicia ante la firme postura gubernamental y la aceptación cabal de la presidenta electa, de la mencionada reforma.

Las negativas y condicionamientos han surgido casi de inmediato. Los puntos de controversia son variados y obligan a su análisis. Lo que está en juego bien vale el esfuerzo pues, con esta reforma, se completará la transformación del Estado y del régimen de gobierno.

No es posible decir o suponer que Andrés Manuel López Obrador se ha apresurado a proponer tal modificación. Lo hizo desde el mero principio de su tiempo. La compartió con el ministro Zaldívar, pero éste no la pudo llevar a cabo, al menos como era necesario hacerlo. Tampoco los mismos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieron la voluntad de trabajar en ella y empatar su tarea con las aspiraciones de la nación.

Fue mucho pedir a tan atrincherado grupo de funcionarios. Muchos sólo velan por sus muy particulares intereses y otros más por los que pueden pagarles sus opiniones, amparos, sentencias y decretos. Los partidos en el Legislativo, de tiempo atrás y de manera tajante, habían decretado nula aprobación a todas y cada una de las mociones presidenciales. Pagaron en consecuencia. No había más camino que esperar la decisión mayoritaria de la gente. Esta vino y es, sencillamente, imponente. Ahí está, empacada en millones de votos, la legitimidad que se tiene para modificar, de raíz, al atrancado Poder Judicial.

Los alegatos no han parado. Continúan con una profusión audible pero, en la totalidad de ellos, carecen de real sustento o fuerza. Suponen que esta reforma la empuja el Presidente para acumular más poder. Lo dicen, precisamente, cuando lo dejará todo y se retirará de la vida política. Sin recalar, tampoco, en la explícita renuncia a una de sus prerrogativas mayores: nominar a ministros y jueces. Aunque prosiguen afirmando que, con esta reforma, puede y podrá convertirse en dictador, en tirano.

Le solicitan encarecidamente a la doctora Claudia Sheimbaum que resista el empuje de López Obrador, que no se deje apabullar. Y lo difunden masivamente cuando han visto la manera de su coordinada actuación. Cuando la oyen decir que durante su campaña aseguró, una y más veces, que está de acuerdo con esta reforma y la apoya. Todavía más, pidió que se abra un periodo de análisis y auscultación. Poco importa que los mismos medios ninguneen las encuestas y las inscriban sólo como informales tácticas dilatorias o métodos insustanciales.

Ya se ha recibido –a través de ellas– la opinión ciudadana y es, acertadamente, consecuente con el propósito de legislar a fondo. Muy a pesar de esa apertura se airean tajantes condenas, de opinócratas alarmados (Silva-Herzog Márquez) por las fantasmagóricas consecuencias que, según su muy sabia opinión, sobrevendrán.

No se detienen, estos opositores, ante premoniciones terribles por suceder, infiernos que caerán sobre el país y sus pobladores. El conservadurismo prosigue por la misma senda, con similar actitud negativa que los ha llevado a separarse del pueblo, caer en incredulidades varias y hacer perder a sus oyentes.

Los expertos en el tema, como siempre, abundan en el espacio publico y hasta insisten en predecir, con miedos inscritos al canto, severos quiebres financieros. Se niegan a escuchar a los mismos banqueros que solicitan tranquilidad a los mercados. No habrá quiebres de bolsas ni caídas estrepitosas del peso. La reforma irá porque se ha pensado para beneficio popular y del sistema de gobierno completo.

Y porque reúne dos ángulos cruciales en el proceso reformador: la voluntad popular con la idoneidad técnica de los postulantes.