Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó este miércoles un amparo a la asociación civil Mexicanos Primero, de Claudio X. González, que pedía declarar impedir que representantes del Ejecutivo federal, entre ellos la persona titular de la Secretaría de Educación (SEP), participaran en el Comité Consultivo y Deliberativo que coordina al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Por cuatro votos a favor y uno en contra, del ministro Luis María Aguilar, fue aprobado el proyecto de la ministra Lenia Batres, negando el amparo a Mexicanos Primero al encontrar “infundados” sus argumentos.

"En la materia de la revisión la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa, contra los artículos combatidos”, determina el proyecto.

El Comité Consultivo es un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, encargada de coordinar al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Mexicanos Primero se inconformó con el amparo en revisión 558/2020, con el argumento que la participación de funcionarios del Ejecutivo federal en el Comité violaba la autonomía del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Sin embargo, el proyecto de Batres argumentó que los representantes del Ejecutivo Federal no ejercen facultades de decisión, dirección y control sobre los funcionarios del Comité nombrados por el Senado, no inciden en el desarrollo de sus funciones ni se viola el principio de división de poderes.

“La creación del Comité Consultivo y Deliberativo, atento a las funciones que le fueron concedidas, de ninguna forma contradice la naturaleza de organismo público descentralizado no sectorizado otorgado a la Comisión Nacional para Mejora Continua de la Educación, pues su existencia no implica una injerencia o subordinación de ésta o de los órganos que la integran a alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, por el contrario, cumple con el propósito de generar colaboración y coordinación con los distintos actores del sector educativo nacional, ya sea que se encuentren en el ámbito del poder ejecutivo o legislativo”, señala el proyecto aprobado.