Como se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación, alrededor de ocho de cada 10 personas encuestadas están a favor de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) sea reformado. Han sido muchos años en los que jueces, magistrados y ministros han pasado por encima de los intereses de nuestra República. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen remuneración mayor que el Presidente, con lo que pasan por encima del artículo 127 constitucional, el cual prohíbe esa condición. Asimismo, está documentado cómo diversos jueces y ministros han concedido amparos a personajes del crimen organizado o a delincuentes de cuello blanco para que evadan la justicia.

Sin embargo, el papel más vergonzoso del PJF ha sido la protección que han dado a los intereses de grupos empresariales. Por ejemplo, en el sexenio de Salinas de Gortari, en 1992, permitieron que se violentara el principio de exclusividad de la nación en materia eléctrica establecido en el artículo 27 constitucional, con reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con lo cual avalaron la participación de particulares en la generación de este recurso, a pesar de que nuestra Constitución lo prohibía. Con ello beneficiaron a empresas de origen español como Iberdrola.

Y cómo olvidar que en enero de 2013, el PJF, por medio de la SCJN, aprobó el inconstitucional decreto de extinción de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, con lo que dio paso a la privatización del sector eléctrico en la zona central del país, tomando el control del servicio en dicha zona cientos de empresas contratistas, y además legalizó el despido injustificado de más de 40 mil trabajadores del SME. Por eso y una larga lista de agravios al pueblo mexicano, el Poder Judicial necesita no solamente ser reformado, sino incluso refundado.

Fernando Oliva, Tomás Cruz, Miguel Raya, Jazmín Serrano, Jorge Luis Vargas, Alfredo Arenas, Ricardo Arenas y David Miranda

Insta a seguir avanzando para profundizar la transformación

Ahora sí, terminado el asunto electoral con la gran derrota de quienes no entienden lo que está pasando en nuestro país, es hora de ponernos a trabajar los que queremos un México para todos, a fin de que lo avanzado hasta hoy continúe y se profundice:

La izquierda no electoral, a combatir la pulverización, el aislamiento, la ausencia y división en que se encuentra para lograr ser una opción e influir en las decisiones trascendentes que lleven a nuestro país por el camino más corto hacia una verdadera transformación.

El próximo gobierno, a tener claro que el cambio iniciado en 2018 es apenas la construcción de la obra negra que comenzó en un terreno fangoso y lleno de podredumbre, ante el cual el actual gobierno ha tenido que avanzar. Hay que terminar primero esto y avanzar a los siguientes pisos para que el edificio tenga bases sólidas.

Las reformas propuestas por el Ejecutivo son importantes, pero es necesario colocar en la agenda nacional, entre otros, temas relacionados con la parte económica, productiva, de soberanía alimentaria, el campo y el combate a la gran desigualdad y concentración de riqueza que hoy prevalece.

Por ejemplo, la deuda pública en la actual administración, en términos nominales y no relativos, creció en 58 por ciento y el servicio de la misma, por pago anualizado, pasó de 666 mil millones de pesos a 1.2 billones. El trabajo infantil aumentó 68 por ciento entre 2019 y 2022. En materia agrícola, los intermediarios encarecen los productos hasta en 300 por ciento, y las compras de granos básicos al extranjero aumentan día tras día.

En 2023 terminamos siendo el tercer país importador de cárnicos. La minería todavía está en manos de unos cuantos, las ganancias de los bancos son de escándalo. Está la urgente reforma fiscal, el impulso al sector social de la economía; en fin, muchos asuntos más para terminar la obra negra.

Benito Mirón Lince

Apremian a frenar el acoso contra una académica de la BUAP

Fiscal especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina:

Solicitamos su intervención urgente para que sea atendida la denuncia interpuesta por nuestra compañera y colega, la maestra Susana Torres Ortiz, en marzo de 2024 ante la agencia del Ministerio Público CUH-8, pues continúa recibiendo amenazas contra su familia, su integridad y prestigio académico, con mensajes anónimos a sus redes personales y por SMS a su teléfono.

Pese a que tiene identificada a la persona acosadora, en el MP le han dicho que la policía cibernética no ha enviado su informe, y que la valoración sicológica, debido a las amenazas, será hasta octubre. Nos oponemos a que ella y su familia se encuentren angustiadas y en riesgo permanente.

Gloria Tirado Villegas y Elva Rivera Gómez, del seminario permanente Historia de las Mujeres y Género, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla