Buenos Aires. La jueza federal María Servini de Cubría dispuso esta noche la libertad de once de los 16 detenidos durante la marcha y la brutal represión del pasado día 13, por “falta de mérito” después de haber analizado las supuestas pruebas y la caracterización de una serie de gravísimos delitos que les imputaba el fiscal, Carlos Stornelli entre ellos considerarlos como “terroristas” que planificaban un “golpe de Estado” como lo dijo el presidente, Javier Milei, a pesar de que existen más que suficientes filmaciones que evidencian la absoluta falsedad de estas acusaciones.

Además Stornelli había pedido hoy que se volviera encarcelar a 17 de los liberados en una maniobra inaudita, lo que se conoció durante después de finalizar una marcha bajo la consigna de “presos políticos nunca más”, encabezada por familiares de los detebidos que fueron literalmente cazados por la policía durante la movilización en rechazo a la Ley Bases, que se debatía en el Senado.

Acompañaron a los familiares numerosas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, legisladores de la peronista Unión por la Patria (UpP) además todo el gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires por decisión del gobernador Axel Kicillof, y diputados del Frente de Izquierda (FT) entre otros, exigiendo la “inmediata liberación” de los 16 presos .

También se denunció con pruebas que el grupo de unas 20 personas, varios con la cara cubierta, que maltrataron a un reportero de la Cadena 3 de Córdoba, cuyo automóvil incendiaron y que arrojaron piedras a policías, que habían reprimido a miles de manifestantes y “no pudieron hacer nada frente al vandalismo de unos pocos” señalados como “infiltrados” del gobierno y ninguno fue detenido.

Los diputados de UpP presentaron una demanda contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros bajo su mando por los delitos de “privación ilegal de la libertad, imposición de tortura, lesiones graves y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”.

Encabezados por el jefe del bloque, el diputado Germán Martínez, denunciaron que lo sucedido la semana pasada es parte de “un plan represivo para establecer en Argentina un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales” y que la agresión a los diputados de su partido fue "planificada y dirigida". Agregaron que el objetivo de la represión fue intimidar y desalentar a los ciudadanos para que vieran a través de los canales de televisión un ataque contra los diputados lo que significaba que nadie estaba a salvo, en una situación semejante.

El diputado Leopoldo Moreau analizó que en las multitudinarias manifestaciones que se han producido fue evidente que cuando “no interviene la ministra de Seguridad ni las fuerzas a sus órdenes no se produce ninguna circunstancia que debamos lamentar". Moreau acompañó al ex presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), y sigue siendo leal con los principios de su partido y es parte del bloque de UpP. Calificó a Bullrich como "mercernaria de la violencia estatal" y dijo que “su sombra” está detrás de todos los hechos de violencia “institucional y política” que sucedieron en los últimos tiempos en el país, como lo que vivió el país con el intento de asesinato contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que aún no se ha juzgado.

También se denunció lo actuado contra los diputados de UpP señalando a la Prefectura Naval que lanzó el nuevo y peligroso gas pimienta afectando seriamente a los legisladores como Caslos Castagneto, quien relató que perdió el conocimiento, y debió recibir gotas con anestesia para recuperar la vista, y aún no puede leer de forma sostenida. “No somos ni terroristas ni quisimos hacer un golpe de Estado" sostuvo Castagneto .

Ahora Brasil

Si algo faltaba en este escenario es que el gobierno de Brasil pidió explicaciones a Argentina por la presencia en este país de poco más de 60 de los condenados por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ya hubo pedido de informes al gobierno de Milei, pero no ha contestado. Sin embargo hoy fueron filmados dos de los buscados por la justicia de Brasil a unos pasos de la presidencial Casa Rosada y entrevistados por una periodista brasileña; uno de ellos le explicó cómo habían roto las tobilleras y llegaron hasta aquí terminado su narrativas con un “viva la libertad carajo”, con la seguridad de que no serán extraditados. Y también se sospecha que esto haya sido planteado por el diputado Eduardo Bolsonaro hijo del ex presidente Jair Bolsonaro amigo del mandatario argentino.