El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), hizo un "llamado enérgico" a las autoridades federales y estatales a atender integralmente a los desplazados de Tila, realizando los censos correspondientes e identificando las necesidades diferenciadas de poblaciones en vulnerabilidad, al tiempo que exigió una investigación de los hechos violentos cometidos en ese municipio.

 

En un comunicado responsabilizó al Estado mexicano “por su inacción en el levantamiento de un registro de las personas desplazadas que dé certeza sobre la cantidad de personas afectadas e impactos diferenciados”.

 

Asimismo, por “las omisiones en su deber de atención humanitaria y reparación integral”, ya que “la ley local en materia de desplazamiento forzado establece el deber de llevar a cabo estos censos y atención”.

 

De acuerdo con cifras oficiales, más de cuatro mil habitantes de la cabecera de Tila se desplazaron el 7 de junio, luego de un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos que dejó, además, tres muertos, cuatro heridos, 17 casas y 21 vehículos de diferentes marcas y modelos incendiados y vandalizados, así como dos mujeres violadas.

 

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila Raúl Ver López, señaló que “de acuerdo con testimonios, entre el 4 y 7 de junio un grupo armado ocupó el poblado provocando graves violaciones a derechos humanos como asesinatos, violaciones sexuales en contra de mujeres, personas heridas, quema de casas y saqueo de bienes. Durante estos días los habitantes se mantuvieron resguardados al interior de sus domicilios”.

 

Añadió que “según testimonios recibidos, el 7 de junio, tras la entrada del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales, se desplazaron más de cuatro mil civiles hacia otras localidades. Estas fuentes refieren que durante los días siguientes el desplazamiento continuó en miles y fuentes diversas refieren estimaciones distantes que van de las seis mil a las doce mil víctimas de desplazamiento forzado que se encuentran en Yajalón, Petalcingo, El Limar y Salto de Agua”, entre otros lugares.

 

“La responsabilidad del Estado es clara, ya que durante todo este tiempo ha desatendido, administrado e incluso fomentado el conflicto por acción y omisión, a la vez que ha mantenido en la impunidad los crímenes cometidos, permitiendo con ello el escalamiento actual”, expresó el Frayba.

 

Sostuvo que “no se trata de una omisión aislada, pues el patrón en Chiapas ha sido la negación, ocultamiento y minimización del desplazamiento forzado y las causas violentas que lo ocasionan. Por estos motivos responsabilizamos a los gobiernos federal y estatal de la actual crisis de violencia y desplazamiento” en la entidad.

 

Señaló que "la problemática en Tila posee una larga data en la que se han profundizado las disputas políticas y la polarización social en un entramado complejo de actores, hasta un punto actual en que se señala la aparición de diferentes grupos armados responsables de la comisión de actos violentos que constituyen graves violaciones a derechos humanos como asesinatos y desapariciones".

 

Hizo un llamado "a construir la unidad y una paz duradera, desde la pluralidad de voces, a través del diálogo y la no violencia donde quepan todas y todos".