En su actual configuración institucional, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no puede ofrecer ninguna respuesta a la escasez hídrica por una razón tan simple como inquietante: surgido de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) impulsada y promulgada por Carlos Salinas de Gortari, este organismo está diseñado para promover el acaparamiento, el desperdicio, la sobrexplotación y la privatización del agua a fin de generar oportunidades de negocio mediante la mercantilización de este recurso.

La prueba más contundente de lo dicho es que en 28 años –es decir, desde la creación de la Conagua hasta que el actual gobierno federal emprendió la difícil tarea de sanearla– las concesiones de acuíferos pasaron de 2 mil a más de 514 mil, un incremento de 25 mil por ciento. Esta estremecedora cifra se refleja en la existencia de poblaciones enteras donde no se surte el líquido o se entrega de manera esporádica y en pésimas condiciones porque es controlado en su totalidad por refresqueras, mineras, agroindustrias, plantas manufactureras, cadenas hoteleras y los más irracionales de los usuarios imaginables: campos de golf donde el disfrute de los millonarios es la carencia de los desfavorecidos.

La inoperancia de la Conagua ante la crisis hídrica presente es empeorada por la presencia de funcionarios tecnócratas comprometidos únicamente con el capital y el tráfico de influencias. Ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado queda a merced de la tecnocracia es que la LAN convierte el agua en propiedad de particulares, y la desidia o la complicidad con los concesionarios hacen que el organismo pierda casi todos los juicios que se entablan cuando se detectan flagrantes abusos o se intenta recuperar para el bien público un recurso que no puede ser sino del conjunto de la nación.

Esta circunstancia se vuelve incluso más exasperante al considerar que desde 2012 la Constitución protege el derecho humano al agua, pero las cuatro legislaturas transcurridas desde entonces han sido incapaces o indolentes para adecuar la legislación secundaria a fin de que se corresponda con la Carta Magna. El impulso del denominado plan C, con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca legar al país una profunda reforma del Estado que corrija algunas de las mayores iniquidades creadas o potenciadas durante el periodo neoliberal, brinda una ocasión inmejorable para subsanar esta deuda con la sociedad.

Dar trámite al proyecto de Ley General de Aguas presentado en la Cámara de Senadores en 2021, o bien, redactar un nuevo texto que sustituya a la LAN, es tanto una obligación moral y legal como un asunto de supervivencia, pues queda claro que la legislación vigente hundirá al país en una crisis hídrica que inevitablemente se traducirá en brotes de descontento. La sequía y los fenómenos meteorológicos fuera del control humano no pueden usarse como pretexto para la inacción. Por el contrario, remarcan la urgencia de actuar en lo que está al alcance de ciudadanos y autoridades: es imperativo frenar de inmediato todo uso de agua potable en la industria, cuyos procesos pueden y deben realizarse con líquido tratado; revisar y retirar todas las concesiones otorgadas a políticos, sus familiares y prestanombres; regular con fuerza a la minería contaminante y, en general, atajar toda forma de abuso y desperdicio. Sin estas medidas en el corto plazo y un programa de manejo integral del agua, la única perspectiva es la del colapso.