Ciudad de México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente, que se establecieron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, no están en condiciones de responder a la crisis del líquido que hay en el país ni a la sequía que hoy afecta a tres cuartas partes del territorio nacional, porque están diseñadas para manejar el recurso como una mercancía. El organismo no mide la cantidad del fluido disponible y aun así entrega en concesión acuíferos sobrexplotados, las cuales pasaron de 2 mil en 1992 a 514 mil en 2020, indican expertos.
En la Conagua permanecieron en la actual administración funcionarios favorables a los intereses corporativos que bloquearon los cambios estructurales necesarios en temas como el acceso a la información, la transparencia en el sistema de concesiones y la mejora regulatoria, así como los procesos de democratización que se esperaban, indica el apartado, coordinado por Omar Arellano, Agua: oportunidades para una reforma estructural transformadora de la Agenda socioambiental 2024.
“Es grave tener las aguas de la nación a cargo de una institución que no está diseñada para corregir los errores del pasado, el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, el despojo y la contaminación. La LAN y la comisión carecen de los elementos que se requieren para corregir la situación en que nos encontramos. Vamos rumbo al colapso, y cuatro legislaturas han rehusado aprobar la ley general de aguas (pendiente desde 2012), con lo cual se cambiaría el esquema y se pondría por encima el derecho humano al agua y al medio ambiente”, señaló en entrevista Elena Burns integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos.
“Lo aterrador es que estamos desprotegidos, las crisis se agravan. La Conagua se ha dedicado al negocio en todos los niveles”, advirtió. No hay inspectores, no hay presupuesto, ni personal, el área jurídica pierde todos los casos, “las inercias son muy grandes e intentar defender el patrimonio hídrico del país es imposible. Se repartieron concesiones antes de hacer estudios de disponibilidad”, agregó la también ex subdirectora general de administración del agua de la Conagua.
“Lo bueno de esta crisis es que como no hay agua, todos preguntan: ¿qué vamos a hacer? La Conagua no tiene propuesta. Se han ido abandonando las estaciones hidrométricas, la medición de aguas superficiales y subterráneas, se desconoce cuánta agua hay. Estamos yendo hacia el colapso de una manera acelerada, lo único que vemos son los lagos y presas desecados. La Conagua no alertó”.
Las aguas subterráneas y superficiales están sobreconcesionadas, y “bajo la LAN los derechos de agua repartidos, se tratan como propiedad”. Además, con un marco regulatorio deficiente, normas ambientales laxas, así como la falta de inspección en las concesiones de descarga, y, sin una política clara para el saneamiento y restauración ecohidrológica en las zonas más afectadas por la contaminación industrial, los cuerpos de agua superficiales, como ríos, arroyos, canales y embalses, se encuentran contaminados, causando graves problemas en la salud humana, señala Arellano.
Hubo intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador para limpiar la Conagua, pero fueron infructuosos, indica el reporte ya mencionado. Al comienzo del sexenio al frente del organismo estuvo Blanca Jiménez y como subdirectores generales funcionarios que provenían de sexenios anteriores, pero en septiembre de 2020, el mandatario federal anunció en la conferencia matutina que habría “limpieza” en el organismo. Horas después los seis subdirectores presentaron su renuncia.
Entre ellos estaba Víctor Alcocer, subdirector general de infraestructura hidroagrícola, quien, según dijo López Obrador, otorgó las concesiones de agua a Grupo México, y Eduardo Seldner, quien era subdirector general de administración en el organismo, pero antes se desempeñó de jefe de finanzas de Margarita Zavala durante su campaña presidencial y estuvo involucrado en el caso Toallagate (la adquisición de toallas con sobreprecio) en el sexenio de Vicente Fox.
Tras la salida de esos funcionarios, el mandatario designó, entre otros, a Elena Burns en la subdirección general de administración del agua; a Jacinta Palerm –estudiosa de la gestión del agua– como subdirectora general técnica, y a Germán Martínez como subdirector general de administración, quien entre 2001 y 2009 estuvo al frente de la Comisión de Aguas del entonces Distrito Federal.
Blanca Jiménez dejó su cargo en la dirección general en 2021 para irse de embajadora a Francia y Germán Martínez asumió ese puesto; pocas semanas después Jacinta Palerm presentó su renuncia. En su lugar quedó Humberto Marengo, quien como funcionario en la CFE promovió la construcción de la presa La Parota en Guerrero a principios de este siglo, y de acuerdo con el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota hubo “represión sistemática de la CFE y el gobierno de Guerrero”.
De ese modo, los funcionarios designados por el Presidente fueron dejando sus cargos. A finales de octubre de 2022, la subdirectora general de administración del agua de la Conagua, Elena Burns, quien había advertido de presiones de “grandes intereses para la entrega de concesiones”, incluso en sitios donde no había disponibilidad de agua, fue destituida de su cargo por Martínez.
