Al alba de los 70 en Estados Unidos, Stanley Whittingham, desarrolló el dispositivo primitivo de lo que hoy conocemos como una batería recargable de litio. Rápidamente, la petrolera Exxon financió la investigación, bajo la premisa de que para entonces se calculaba que el petróleo mundial se agotaría en 50 años. Poco duró el interés, los números internacionales del oro negro se estabilizaron pronto. En 1980, el estadunidense John Goodenough, investigador de la Universidad de Oxford, trabajó una versión mejorada y más potente que la de Whittingham. Luego de que esta casa de estudios se negara a financiar la patente de la batería, Goodenough acudió al laboratorio del gobierno en las cercanías de Harwell, Inglaterra, que aceptó patentar la tecnología a cambio de la cesión de los derechos sobre la invención. Y no fue sino hasta entrada la década de 1990 que la batería mereció, por primera vez, interés de parte de la firma Sony, que incorporó en aquel prototipo los aportes del japonés Akira Yoshino, haciendo viable para 1991, por primera vez, el uso y comercialización de una batería de ion litio recargable, como fuente de energía de la icónica Handycam de Sony. Por cierto, estos tres científicos recibieron el Nobel de Química en 2019 por sus aportes.
Tres décadas después es posible afirmar que el litio pertenece a una cadena de valor global en que están involucrados actores públicos y privados. La cadena de valor es un modelo teórico empresarial que la Cepal define como lo comprendido en las actividades requeridas para que un producto o servicio transite desde la concepción de su producción hasta la entrega de éste a los consumidores. En resumen, el litio es el metal más liviano que existe, es altamente maleable y su reactividad le otorga gran potencial electroquímico de almacenamiento de energía, por lo que tiene múltiples aplicaciones industriales. Se encuentra combinado con otros elementos en rocas sedimentarias, rocas pegmatíticas y salmueras o salares. Debido al auge de tecnologías electrónicas y al creciente mercado de automóviles eléctricos, la mayor parte del litio se destina mundialmente a la fabricación de baterías de iones de litio, utilizadas en teléfonos celulares, consolas de videojuegos, dispositivos médicos, de aviación y vehículos no tripulados, incluidos los de uso militar, como drones, naves marítimas, misiles y armamento.
Con el Acuerdo de París, los países asumieron compromisos internacionales para restructurar sus sistemas productivos y energéticos con el objetivo de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, lo que estaba siendo muy evidente en el ámbito tecnológico fue formalizado por los estados: la transición hacia energías renovables, en la que el litio se convierte en el nuevo “oro blanco”. Por un lado, China hoy es uno de los mayores fabricantes de autos eléctricos y no ha dejado de mirar con mucho interés a los países que poseen este recurso; de otro lado, Estados Unidos se involucró en el desarrollo nacional de la industria de electromovilidad con la Ley de Seguridad de Minerales Críticos de 2019, norma que busca asegurar el acceso a minerales críticos como el litio. Similar panorama es el planteado en Europa que aprobó en noviembre de 2023 su Ley de Materias Primas Críticas.
Dada la creciente importancia de este metal en el mundo, vale la pena pensar la cadena de valor del litio en clave soberana y, por supuesto, con la participación activa de los actores públicos. Es ya conocido que casi 70 por ciento de las reservas probadas de litio del planeta se encuentran en el sudamericano triángulo del litio: Bolivia, Chile y Argentina. México, como poseedor de canteras litíferas, ha mostrado mucho interés en esta triada. Es buena noticia que la iniciativa de Cepal denominada “Foro permanente de diálogo técnico sobre innovación, desarrollo tecnológico y agregación de valor al litio de los países del triángulo” establecida formalmente en 2021, pasó en 2023 a agregar a esta plataforma a México por iniciativa de este país.
Argentina, en resumen, tiene un modelo de política pública litífera federal de exportación de la materia prima que poco beneficio deja a las arcas públicas y es un dibujo libre para cada provincia. Chile, pese a recientes iniciativas de su gobierno, aún enmarca su política litífera en el planteamiento pinochetista de los 70: moneda de dos caras, una de nacionalismo militar y otra de entreguismo de materia prima a los capitales extranjeros.
Bolivia, por otro lado, ha logrado diseñar en tiempos de Evo Morales una política litífera soberana, basada en la participación del Estado como socio en todos los puntos de la cadena de valor del litio. Se trata de una alternativa política al modelo extractivista que predominó en la relación de los países americanos con las grandes industrias trasnacionales. Básicamente el modelo, formalizado en 2018, plantea que se venden los cátodos de litio (materia prima) si el Estado puede asociarse a los eslabones siguientes de la cadena de valor, esto es, hasta llegar a la batería. Lo anterior es lo que el modelo litífero boliviano ha planteado pero hoy está en cuestión.
El mundo del litio se pregunta cómo encarará el tema el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. En campaña se escuchó la idea de que Pemex absorbiera Litio MX. Igualmente se ha planteado que el cobre (como componente fundamental para la fabricación de baterías) es mejor vehículo de inserción para México en la cadena de valor hacia la transición energética global. Lo que queda claro es que los mayores beneficios para las arcas públicas y, por lo tanto, para la gente, se alcanzan mediante acuerdos en clave de soberanía y ésta es sólo posible con conducciones políticas que cuenten con fuertes apoyos populares. A hoy, sin embargo, no se ve posibilidad de una política litífera latinoamericana basada en la integración regional.
*Boliviana, analista de política internacional. X: @ValeQinaya
