Con la discusión de la propuesta de reforma al Poder Judicial en puerta, La Jornada inicia una serie para documentar el día a día de quienes buscan justicia en el país.

Monterrey, NL. Raymundo Ramírez Pompa nunca imaginó convertirse en un símbolo de lucha contra el llamado podrido Poder Judicial que lo intenta despojar de más de 250 propiedades con valor de 2 mil millones de pesos. Desde hace siete años combate la corrupción de las autoridades de impartición de justicia, a las que califica como una empresa criminal perfectamente coordinada.

Su caso es paradigmático porque en él confluyen autoridades e instituciones presuntamente coludidas para el despojo de propiedades: fiscalías, jueces, ministerios públicos, notarios, prestanombres, policías, alcaldes, despachos de abogados…. todo un entramado del delito.

Las autoridades de impartición de justicia, ya se convirtieron en una empresa criminal y están perfectamente coordinados para trabajar en ello, independientemente de la ideología política o de los partidos; ahí convergen todos los intereses, dice el empresario inmobiliario, Raymundo Ramírez Pompa, en entrevista con La Jornada.

El gran jefe de todo este andamiaje de ilegalidades es, según dice, el Prianista, Adrián de la Garza, virtual alcalde de Monterrey por tercera ocasión y supuesto operador y controlador del Poder Judicial de Nuevo León desde hace más de 20 años. Él y el gobernador Samuel García mantienen por ello una batalla pública con cruce de graves acusaciones.

Como víctima de la impunidad de la que goza en general el Poder Judicial, Ramírez Pompa enfrenta más de 50 denuncias presentadas en venganza en su contra desde 2015 por haberse atrevido a desvelar los entresijos de las alcantarillas judiciales.

Ha denunciado penalmente a 43 jueces y cinco magistrados por los delitos de corrupción, tortura, extorsión, lesiones graves, abuso de autoridad, daño moral, lucro cesante y otros.

Los involucrados en la red de despojos inmobiliarios son: el virtual alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza y su hermano Filiberto; el fallido gobernador interino y ex vice fiscal Luis Enrique Orozco Suárez; el panista presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, Arturo Salinas Garza; el emecista ex titular de la UIFE, Carlos Mendoza Cano; Pedro Arce, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, y los priístas Javier Caballero Gaona, ex alcalde del municipio de Santiago, y el actual presidente municipal del mismo lugar, David de la Peña Marroquín.

“La fiscalía de Nuevo León está controlada –y es conocido por todos– por Adrián de la Garza y el Prian; igual que todo el Poder Judicial. Pero el Instituto Registral y Catastral lo controla el gobernador Samuel García. Aunque Samuel y Adrián son antagónicos y se están peleando a muerte, al momento que ven que hay un fraude como el que me hicieron a mí, se convierten en aliados porque hay un beneficio económico de miles de millones de pesos”, asegura el empresario inmobiliario.

Ilegalidades

El centro neurálgico de las ilegalidades cometidas por el Poder Judicial contra el empresario se sitúa en el municipio de Santiago, concretamente en la congregación de El Cercado. Se trata de un terreno de 20 mil metros cuadrados con un valor aproximado de 50 millones de pesos y otro al lado, separado por una calle, de 5 mil metros cuadrados.

El terreno más grande está ubicado al lado de la antigua fábrica textil El Porvenir, centro cultural operado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Indebidamente, el Instituto Registral y Catastral permitió que los dueños de esa antigua fábrica, Nicolás y Roberto Rodríguez, hicieran una rectificación de su predio invadiendo el terreno de Ramírez Pompa, lo cual derivó en el aseguramiento del inmueble, el cual recuperó meses más tarde con la resolución que data de 2016, por parte del primer tribunal colegiado en materia penal.

A pesar de tener la propiedad, de manera ilegal el grupo de la Fiscalía General de Justicia, operado presuntamente por Adrián de la Garza y el alcalde de Santiago, en colusión con el Registro Público de la Propiedad, hacen una modificación de las medidas y colindancias del área en la escritura que los dueños de la fábrica tenían desde 1934.

Venganza

El también desarrollador inmobiliario con la carpeta judicial 490/2019, afirma que a partir de la defensa que hizo de su patrimonio en ese municipio, las autoridades judiciales en venganza iniciaron una persecución en su contra y desde hace siete años intentan despojarlo de otras 250 propiedades, incluidas las que ya fraccionó y vendió hace una década.

Hace diez años, vendí esos terrenos donde ahora hay 120 casas. Pues bien, fui a una junta con los vecinos para avisarles que las autoridades pretenden despojarles de esos terrenos, les aviso y resulta que tienen miedo, cuenta.

Añade: Lamentablemente, ya se normalizó en Nuevo León la criminalidad de las autoridades judiciales. Ya nos acostumbramos a que ellos cometan delitos, hay miedo y apatía de la gente que no quiere denunciar, y ven normal la corrupción de algunos políticos, como el priísta Paco Cienfuegos, amigo de Adrián, quien tiene un jet privado y cientos de millones de pesos, denunciado por corrupción y no pasa nada.

Comenta que le han fabricado más de 50 carpetas de investigación, todas con la intención de despojarlo de sus propiedades: por este caso me tuvieron detenido tres días de manera ilegal. Sufrí tortura. Casi matan a golpes a uno de mis trabajadores que estuvo internado en el hospital. Le quebraron la quijada. Luego dañaron mi camioneta blindada con barras de acero. La reparación del vehículo me costó 800 mil pesos, daños que nunca pagaron, obviamente.

La colusión

Ramírez Pompa, denunció además al notario público número 40, Juan Rodrigo Fernández, por participar en otro intento de fraude inmobiliario que le fabricaron, falsificando actas para dar fe de hechos que nunca ocurrieron.

El notario, en colusión con el empresario defraudador, Emilio Tancredi Flores –posteriormente detenido en Quintana Roo– intentó despojarlo de un inmueble ubicado en el municipio de Santa Catrina, que supuestamente le fue vendido.

Ramírez Pompa muestra todos los documentos, testimonios, actas, denuncias y fotografías de los hechos. Las actas fuera de protocolo con los números 32,994/2016 y 30,670/2016 celebradas por dicho notario, otorgaban facultades al defraudador.

El notario falsificó los documentos de una manera criminal. Simuló una revocación de un poder con el cual yo había adquirido una propiedad. Dentro de los negocios que tiene establecidos el gobierno, están los fraudes inmobiliarios, señala.

El empresario regiomontano, Emilio Tancredi Flores, conocido mejor como El zar del fraude inmobiliario, vivía en la colonia Colorines en el municipio de San Pedro Garza García y fue detenido finalmente el 9 de agosto de 2022 en Playa del Carmen, acusado de despojos y falsificación de títulos de propiedad.

A pesar de todo, Tancredi Flores, denunció a Ramírez Pompa por calumnias y difamación, bajo las carpetas 2315/2022, FGJNL023979/2022 y 18183/2023: El Poder Judicial la está impulsando como medida de coacción en mi contra y para presionarme a manera de extorsión.

Me han acusado de todo: injurias, difamación, amenazas, acoso. También han demandado a mi papá, a mi esposa y a mi hijo. Ellos lo hacen complejo para confundir. Mi caso ha ido escalando y hemos podido contenerlos. Han cometido flagrantes violaciones múltiples a los derechos humanos y a las leyes. Todos los jueces han cometido muchos delitos, incluida la fiscalía, junto con notarios y funcionarios del gobierno.

El empresario inmobiliario ha denunciado ante el Servicio de Administración Tributaria y ante la Unidad de Inteligencia Financiera al entonces funcionario del gobierno, Carlos Eduardo Mendoza Cano, por su presunta participación en esta red de despojo de inmuebles.

Esta red también realiza operaciones de lavado de dinero, además de los fraudes para despojar de sus bienes a familias, utilizando documentos y escrituras falsas, afirma.

Menciona que está involucrado el despacho del padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro, con José Tancredi Flores, hermano del ahora defraudador inmobiliario preso, sus padres, José Tancredi Martínez y María Graciela Flores Máynez, así como su chofer, César Rolando Franco Espinosa junto con su esposa Karla Elizabeth Juárez, entre otros.

Dijo que de nada le ha servido denunciar a 43 jueces, porque son eternamente impunes: “Son juez y parte. El Consejo de la Judicatura son ellos mismos, peor, hicieron un departamento que se llama Control disciplinario, que funciona como un filtro. Cada vez que denuncias a un juez, hacen un revoltijo de leyes dolosamente para permanecer impunes”.

Y concluye: “Mi caso no tiene precedentes en la historia de México. Ni El Chapo Guzmán ni Caro Quintero han tenido 50 acusaciones de la misma persona. Nadie como yo ha tenido 18 audiencias de imputación en 40 días. En Nuevo León no hay ley. Somos miles de víctimas del podrido Poder Judicial”.