En México, el mandato del 2 de junio fue claro: no más neoliberalismo. En el mundo los ciudadanos eligen cada vez más opciones que comienzan a distanciarse de ese modelo. La pregunta es ¿qué sigue? Lo primero que debe hacerse es cambiar, de manera radical, la manera de entender el rol del Estado y de sus funcionarios.
Una de las grandes mentiras y de los grandes éxitos del neoliberalismo fue hacer creer que el Estado se retiraba y todo el desarrollo económico e inversión se llevaba a cabo por parte de la iniciativa privada.
La realidad fue que se perdieron capacidades de gobierno y se cedieron espacios a los privados, se actuó únicamente como facilitador y garante de las inversiones, aunque esto fuera en detrimento del interés general y se diera en malas condiciones para el erario.
Bajo el dogma de que era más barato y eficiente que el riesgo lo asumiera el sector privado, vino una ola de privatizaciones en la economía (incluyendo algunos sectores estratégicos) que en México llegó a su zenit con las reformas del Pacto por México.
Todos estos argumentos eran falsos, como bien documenta Avner Offer, académico de la Universidad de Oxford, en su libro Understanding the Private-Public Divide. La realidad es que, sobre todo en sectores esenciales y donde existe un monopolio natural, no es más barato, de hecho el costo financiero es al menos el doble, no es más eficiente y sobre todo, el riesgo lo termina absorbiendo el Estado.
Los retos sociales, económicos y ambientales que enfrenta el mundo actualmente hacen que el cambio de modelo se vuelva necesario. Un ejemplo es la transición energética, entendida como el cambio de fuente de energía fósil a limpia.
Durante los pasados 30 años, el monto de energía limpia a nivel mundial aumentó apenas 5 por ciento. Sin embargo, el costo de la vida y de insumos esenciales como la energía aumentaron desproporcionadamente, generando pobreza energética en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, España y Francia.
El ritmo de implementación de la transición debe acelerarse y a la vez hacerse de una manera justa. Esto no es posible con el dogma neoliberal como brújula. Beneficiar las inversiones y la inmediatez del retorno de estas va en detrimento directo de la calidad de vida de las personas. Como bien documenta Brett Christophers (The price is wrong), el problema de depender únicamente de la IP para llevar a cabo una transformación tan de largo plazo y compleja como la energética es que se requiere incentivarlos con precios que muchas veces son demasiado altos para que justifiquen inversiones en el corto plazo.
Algo similar sostiene también Adrienne Buller, académica de la Universidad de Manchester, en su libro The Value of a Whale, en el cual documenta que todas las transformaciones económicas complejas siempre han requerido la planificación y el direccionamiento del Estado para llevarse a cabo. Ninguna ha sido de tal escala y magnitud como ahora demanda la transición energética, por lo que es incompatible con el modelo del neoliberalismo.
Offer establece de manera correcta que la separación entre lo que debe hacer el Estado y lo que corresponde al mercado es el horizonte de tiempo de retorno del capital. Mientras más alta la tasa de interés libre de riesgo, menor es el tiempo en el que los capitales esperan recuperar su inversión y mayores son las ganancias que pretenden obtener.
Esto es contraproducente en un sector como el energético, donde las inversiones y la planificación deben ser de muy largo plazo para que la sociedad en su conjunto experimente los mayores beneficios posibles. Recordemos que la energía es un habilitador de otras actividades, mientras más ganancia es extraída de ese sector, más se inhibe la economía en otros sectores que pueden ser de mucho mayor valor agregado. El resultado final es menor dinamismo y menor crecimiento.
Es por eso que, el rol de Estado retoma mucha importancia. En un ambiente de altas tasas de interés, como el que se espera que continuemos viviendo, se vuelve esencial no caer en la trampa de la inmediatez que demandan los rendimientos financieros y mantener la brújula del actuar estatal en la misión de lograr la transición justa y soberana.
¿Qué debe hacer el Estado del siglo XXI? Debe contar con las capacidades de planeación de largo plazo que el neoliberalismo destrozó. Retomar la planificación regionalizada, ordenar y dirigir las inversiones y el crecimiento económico con la visión de generar prosperidad compartida y a su vez minimizar los impactos al medio ambiente.
Asimismo, debe continuar generando capacidad de actuación e implementación propias para todo lo que requiera hacerse. Impulsar la innovación, garantizar derechos de los ciudadanos y velar por el interés general.
Todo eso, es lo que propuso Claudia Sheinbaum en su plan de nación, un Estado que vea por todos y garantice, realmente, las mejores condiciones para todos.
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