En 2007, la empresa Grupo México, dueña de dicha mina y propiedad de Germán Larrea, así como las autoridades de entonces, suspendieron el rescate argumentando que era imposible continuar, pues suponía un riesgo para los rescatistas, además de afirmar que las posibilidades de encontrar los restos de los mineros eran casi nulas tras la explosión. Ante la resistencia de las familias y los señalamientos de los mineros de que era factible recobrar los cuerpos, en 2011 el entonces secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, aseguró que existía evidencia científica según la cual el rescate era imposible. Los directivos de Grupo México, integrantes de la fundación Vamos México, presidida por la esposa del ex presidente Vicente Fox, cicatearon las indemnizaciones aun después de que salieran a la luz documentos probatorios de fallas de seguridad e higiene desde el año 2000, con más de 48 medidas, algunas de extrema urgencia, que nunca se atendieron, exhibiendo con ello un absoluto desdén tanto por los vivos como por los muertos.

Hasta la fecha, el desastre minero deja una estela de impunidades y responsabilidades políticas y administrativas incumplidas. El Plan de Justicia para Pasta de Conchos, establecido por el actual mandatario, anunció desde su concepción que dignificaría las condiciones de vida de los familiares de las víctimas y de la comunidad, por un lado, y por el otro, emprendería el rescate de los restos de 63 trabajadores. Desde octubre de 2020 inició la justicia restaurativa: se indemnizó con recursos de Gobernación a los familiares de los fallecidos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entregó vivienda a cada núcleo familiar, se realizaron obras de mejoramiento en la localidad y se creó un memorial de los mineros difuntos.

Esta semana, el esfuerzo encabezado por la Comisión Federal de Electricidad para recuperar los restos de los trabajadores ha empezado a rendir frutos: se encontraron en buen estado, en uno de los puntos donde las bitácoras señalaban que 13 mineros trabajaban el día del accidente. López Obrador se comprometió a mantener el ritmo de trabajos de rescate e iniciar la identificación de los restos hallados. Claudia Sheinbaum, por su parte, manifestó su disposición para continuar y culminar tales trabajos en caso de que no pudieran terminarse durante esta administración.

Aunque la recuperación de los restos para su entrega a las familias es en sí un acto de justicia, como lo señaló Sheinbaum, la culminación de los trabajos no sólo dará alivio a los deudos de los fallecidos, sino que aportará elementos para reactivar las investigaciones penales sobre lo que el dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, calificó de homicidio industrial perpetrado por Grupo México. Con ello, la fiscalía de Coahuila estará obligada a reabrir la investigación y a formular posibles imputaciones penales por la tragedia.

Lo hecho hasta ahora y el compromiso a futuro de López Obrador y de Sheinbaum, que son las figuras más importantes de la llamada Cuarta Transformación, muestran una inequívoca y esperanzadora diferencia respecto al régimen neoliberal que antepuso el cálculo de negocio por sobre la dignidad y los derechos esenciales, protegió en todo momento los intereses de la empresa y exhibió que en su lógica las vidas humanas no son más que un insumo en los procesos de producción.