Ciudad de México. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, criticó que en México se den casos como la muerte de migrantes “arrostizados” en un centro migratorio por la falta de seguridad; también reconoció la “necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para mejorar la protección judicial de las personas migrantes”.

Alcántara Carrancá no fue explícito sobre el caso que criticó, pero el 28 de marzo del año pasado se registró un incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez que provocó la muerte de 40 migrantes, la mayoría centroamericanos, y hospitalizó 27 más.

La crítica del ministro se dio al moderar el foro Diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, celebrado en Puebla y organizado por la CIDH con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando contestó a una pregunta de los asistentes sobre qué factores deben considerar los juzgadores para una efectiva protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

“Hemos visto cómo en esos centros de detención para migrantes de repente pues por falta de seguridad, falta de servicios, pues mueren arrostizados una serie de personas detenidas en situaciones realmente lamentables, que eso es una verdadera preocupación para el Estado mexicano y una vergüenza para todos los mexicanos el trato que les damos a los migrantes sudamericanos, centroamericanos y del Caribe y de otras partes del mundo”, dijo.

También señaló que en México ya se ha tomado como costumbre ver a los migrantes con sus familias, sobre todo haitianos, pedir dinero en las calles sin provocar sensibilización en la población. “Ya no nos mueve”, dijo.

Sobre los refugios de migrantes, criticó que cada día estén más saturados y cada mes haya menos la voluntad de apoyar a esas personas que están en situación de vulnerabilidad, y que huyen de sus países al ser perseguidos políticos o quieren salir de la violencia, la pobreza y son desplazados por desastres naturales.

Previamente, Alcántara Carrancá asumió su responsabilidad como juzgador, señalando que “es nuestro deber no olvidar que como autoridades, como ciudadanos debemos de procurar garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentre en situación de movilidad de una manera justa, de una manera equitativa y sobre todo de una manera digna”.

Destacó el papel de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como eje vital para ampliar la protección de los derechos humanos en México, aportando trabajados de monitoreo en la materia que permiten evaluar de manera objetiva cómo se están implementando las normativas y las políticas de protección judicial en los distintos países.

“Y todo ello nos permite detectar los principales retos que enfrentan los sistemas judiciales para proteger y garantizar los derechos humanos”, dijo.

Reconoció que México forma parte de uno de esos corredores migratorios más importantes del mundo, al ser un país de origen, tránsito y destino, pero también como país de retorno de migrantes.

“Esta complejidad demanda de todos nosotros una vigilancia constante para asegurar que se respeten los derechos humanos en cada una de esas etapas del proceso de movilidad. Tenemos la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para mejorar la protección judicial de las personas migrantes”, expuso.