Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó a la Presidencia, el fondo del discurso de los estamentos oligárquicos desplazados del poder era el siguiente: “está bien, reconocemos tu triunfo, pero gobierna como si fueras Ricardo Anaya o, por lo menos, José Antonio Meade”. Ya podía el tabasqueño ceñirse la banda presidencial, pero que no se le ocurriera tocar intereses corruptos, poner fin a los múltiples mecanismos para sangrar el erario, denunciar contratos leoninos, suspender el subsidio a guarderías subrogadas, dejar de mantener zánganos de la llamada sociedad civil, disolver fideicomisos fraudulentos, dejar sin apapachos a los cortesanos de Los Pinos.
En esos y otros reclamos se les fue a los derrotados buena parte del sexenio y cuando llegó el momento de avizorar la sucesión los enlazaron, sin solución de continuidad, con el discurso de campaña de Xóchitl Gálvez, agregándoles una montaña de difamaciones, infundios, desinformación y robo descarado de consignas acuñadas por la Cuarta Transformación (4T).
No aprenden. Ahora que se toparon con el formidable mandato popular para Claudia Sheinbaum y para las reformas conocidas en conjunto como plan C, recurren a una treta discursiva semejante: “está bien, admitimos que ustedes volvieron a ganar, pero, por favorcito, no se les vaya a ocurrir llevar a la práctica lo que le ofrecieron al pueblo ni las demandas que de él recogieron”.
Al chantaje de “los mercados” –es decir, del puñado de magnates que han apostado filones de sus fortunas a la desestabilización del tipo de cambio y de la bolsa– se unen las voces plañideras que piden ser tomadas en cuenta para distorsionar la esencia de las reformas inminentes: “no ignoren a las minorías”, “no destruyan la democracia”, “cuidado con atentar contra la certeza jurídica”, “miren que está en juego la división de poderes”, “que no se enojen los mercados”, “ay, los contrapesos”, y así.
Por supuesto, las 18 reformas constitucionales y las dos legales que AMLO propuso el 5 de febrero no ponen en peligro los derechos de las minorías, ni la democracia, ni la certeza jurídica, ni la división de poderes, ni los contrapesos. Al contrario, buscan dar reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos; fortalecer la democracia participativa y depurar la representativa; instaurar un Poder Judicial absolutamente autónomo ante el Ejecutivo, pero también ante el poder del dinero a trasmano; dar certeza jurídica a todo mundo, incluidos de manera prioritaria los beneficiarios de los programas sociales que aún carecen de rango constitucional; proteger la salud de la población; reactivar el campo; cuidar el ambiente con mayor eficiencia; proteger el salario, mejorar las pensiones y el derecho a la vivienda y con ello, robustecer el mercado interno; impulsar la movilidad en el territorio nacional; garantizar un ejercicio austero, honesto y eficiente del poder público y avanzar en la construcción de la paz.
Enriquecido y ampliado con las propuestas formuladas por Sheinbaum en su campaña –apoyo económico a las mujeres de 60 a 64 años de edad, becas universales para todos los estudiantes de educación básica pública, la no relección y modificaciones a Ley del Issste–, el plan C bien podría denominarse plan Claudia. Porque suyo es también el paquete de AMLO, por más que la oligarquía desplazada siga apostando a una ruptura o cuando menos a un enfriamiento entre el mandatario saliente y su sucesora. Por increíble que parezca, aún no entiende que este proceso no es sólo un asunto entre dirigentes, sino un fenómeno colectivo y multitudinario.
La virtual presidenta electa planteó la pertinencia de abrir un periodo de escucha y diálogo con todos los sectores previo al inicio de sesiones de la próxima legislatura, en la cual deberán aprobarse las cinco reformas más urgentes.
Diálogo y escucha, sí, sin excluir a nadie: con los intereses minoritarios afectados por la 4T y con los despistados medrosos que tienen pesadillas porque ya somos Venezuela, también, pero sobre todo, con los sectores populares. Si los perdedores del 2 de junio están esperando arreglos en lo oscurito, negociaciones turbias y cabildeos para perpetuar corruptelas, se van a topar con pared: no tienen cartas para negociar, salvo la amenaza de perpetuar sus campañas sucias, su basura mediática y su guerra de mentiras, pero el 2 de junio evidenció que ese arsenal no sirve para nada.
La magnitud del triunfo del 2 de junio permite a la 4T cambiar las viejas reglas del juego que tuvo que aceptar para iniciar esta revolución pacífica y democrática desde el poder presidencial. Certeza jurídica no significa mantener inalteradas de aquí al fin del mundo las normas legales depredadoras del neoliberalismo, sino poder confiar en un entorno en el que las leyes se cumplan, en el que la justicia sea justa y en el que los fallos judiciales no sean meras simulaciones ni resultado de transacciones inmundas. Y eso es parte del país nuevo que se está construyendo.
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