Como se recordará, en sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador ha exhibido en repetidas ocasiones la renuencia del Grupo Salinas a pagar impuestos que omitió en la década pasada, así como las sospechosas maniobras del ministro de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar, quien pidió atraer uno de los litigios sólo para archivarlo durante casi un año. Este caso ha sido uno de los que han impulsado el desprestigio en el que ahora se encuentra el máximo tribunal del país. Por su parte, Salinas Pliego ha difundido en Tv Azteca, también de su propiedad, destemplados manifiestos antigubernamentales para tratar de desacreditar los requerimientos oficiales y los procesos judiciales interpuestos en su contra por el SAT.
Es pertinente mencionar que, desde sus inicios, la presidencia de López Obrador descartó la realización de una reforma fiscal, pero a cambio pidió a los grandes conglomerados empresariales que cumplieran con sus obligaciones fiscales de acuerdo con los términos de las leyes en vigor. La mayor parte de las corporaciones han ido poniéndose al día en el pago de sus impuestos y ello ha sido un factor fundamental en el financiamiento de los programas sociales en curso, así como para la ejecución de las obras de infraestructura emprendidas en el último quinquenio, sin incrementar sustancialmente la deuda ni el déficit. Sin embargo, unos cuantos conglomerados empresariales –destacadamente, el Grupo Salinas– se han resistido a cubrir sus adeudos fiscales.
Ante el fallo del vigésimo tribunal colegiado, el consorcio de Salinas Pliego anunció que recurrirá a la SCJN para tratar de revertir el segundo fallo en su contra. De hacerlo así, es claro que, tras las revelaciones presidenciales, el ministro Aguilar debe quedar fuera del caso.
Cabe preguntarse si los otros ministros se atreverían a legalizar una omisión fiscal de las dimensiones de la que pretende Grupo Elektra, en circunstancias en las que se prepara, en el Congreso de la Unión, una reforma a fondo del Poder Judicial para moralizarlo, erradicar las prácticas inescrupulosas que caracterizan a muchos juzgadores y, particularmente, evitar que los tribunales sigan siendo instancias al servicio de los grandes capitales. Otra interrogante ineludible es si Salinas Pliego encontrará en esta ocasión a ministros dispuestos a otorgarle un favor que significaría un cuantioso daño a las finanzas públicas. En caso afirmativo, resultaría evidente, urgente e impostergable la aprobación de la reforma al Poder Judicial contenida en el paquete de modificaciones constitucionales y legales llamado plan C.
