El contundente triunfo electoral de Claudia Sheinbaum y su partido el pasado 2 de junio ha levantado alertas por las implicaciones que tendrá la presencia de una mayoría calificada en el Congreso a la vista del paquete de reformas constitucionales propuestas por López Obrador. El plan C, como el Presidente lo ha nombrado, contiene propuestas que, si bien tocan instituciones con grandes necesidades y, de hecho, plantea algunos cambios positivos, representa también amenazas a las garantías para el acceso a la justicia, la división de poderes y el fortalecimiento democrático que tanto necesita el país.
A reserva de lo que puedan decir los análisis más rigurosos que se elaboran estos días, el voto masivo a favor de Sheinbaum representa una aprobación generalizada al sexenio de López Obrador, incluyendo su plan C; sin embargo, a diferencia de este sexenio, Claudia arrancará su gestión con márgenes en más de un sentido más estrechos en términos políticos y económicos, por lo que tendrá que construir su propia forma de gobernar y deberá atender los grandes adeudos de la presente administración, especialmente en materia de derechos humanos.
El caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa junto con las más de 110 mil personas desaparecidas en el país; el necesario fortalecimiento de las comisiones de atención a víctimas y de búsqueda; el urgente giro en materia de energías sostenibles; la falta de congruencia entre el discurso de la 4T contra del extractivismo y el impulso que el gobierno que concluye ha dado a megaproyectos que perjudican los territorios; los deteriorados canales de diálogo con opositores y con la sociedad civil, entre muchos otros, serán agendas clave de cuya atención dependerá el establecimiento de condiciones de posibilidad para el éxito de una administración realmente comprometida con la justicia social y el fortalecimiento democrático.
Lo que México necesita no es un plan C, sino –si se me permite la expresión– un plan D, es decir, un proyecto de reformas que incorpore el diálogo abierto sobre los términos más pertinentes de los cambios, lo cual pasa por el establecimiento de un clima político que permita profundizar y discernir de manera plural las reformas propuestas para encaminar al país hacia la superación de las desigualdades sin comprometer el carácter democrático de nuestra institucionalidad; y para ello es urgente remontar el clima de polarización que ha caracterizado el reciente proceso electoral y su largo preámbulo.
En este sentido, son signos alentadores las primeras intervenciones públicas de Claudia Sheinbaum, ya como presidenta electa, que parece anticipar una actitud de disposición al diálogo y mesura respecto del plan de reformas propuesto, lo cual queremos pensar que no es mera reacción al alto nerviosismo que ha dominado el sector financiero en los primeros días posteriores a las elecciones, que ha asomado tal vez como el único contrapeso a un poder dominante en un entorno de preocupante debilidad de buena parte de los actores de nuestro sistema político.
Es cierto que nuestra institucionalidad necesita reformarse, pero también es crucial discutir pública y abiertamente la dirección hacia la que tales cambios deben apuntar. El Poder Judicial necesita una reforma estructural, pero considero que las prioridades deben estar puestas en la transparencia de sus funciones, en el control a su función judicial a través de órganos externos, o en su blindaje ante la influencia de los partidos políticos y las amenazas del crimen organizado, que garanticen las condiciones de igualdad, autonomía e independencia de su trabajo.
Los organismos autónomos necesitan ser repensados, sí, pero no en términos regresivos, sino en pos de una mejor regulación de su autonomía presupuestal, de gestión y de ejecución de sus labores, sin olvidar que los grandes responsables de la perversión de estos organismos han sido los propios partidos. Por su parte, la Guardia Nacional debería reformarse no en términos de profundizar la progresiva militarización que viene ocurriendo desde hace tres sexenios, sino hacia su armonización con una propuesta integral de paz que garantice su transparencia y rendición de cuentas, así como el control del uso de la fuerza.
En suma, el triunfo contundente de Sheinbaum en las urnas no deberá traducirse en la marginación de agendas transversales como la del ambiente o la de garantizar los derechos fundamentales. Sheinbaum se encuentra ante la oportunidad de aprovechar responsablemente la alta legitimidad con que llega al poder para dar continuidad a una transformación de la vida pública que al mismo tiempo afiance la democracia del país; mucho dependerá del atrevimiento que tenga para construir una forma propia de gobernar con apertura al diálogo con la diversidad de voces de la ciudadanía, con los partidos y grupos opositores, con la prensa, con la sociedad civil organizada, y sobre todo con las víctimas de la violencia.
Ojalá que, ante el revuelo mediático por el riesgo de que el Congreso apruebe el plan C sin modificar ni una coma, desde la antesala de la llegada del nuevo gobierno de Sheinbaum se privilegie el diálogo, como lo ha anunciado en sus recientes apariciones públicas, de modo que se construyan los cambios necesarios, incorporando las perspectivas de expertos en los contenidos de las reformas, para que se dé mejor respuesta a las grandes necesidades del país en acceso a la justicia, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, eficientización institucional y el fortalecimiento de autonomías que permitan el debate público previo a la toma de decisiones y el sano juego de pesos y contrapesos del que depende la buena salud de cualquier democracia.
