Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó las controversias constitucionales que interpuso con “argumentos leguleyos y retardatarios”, y dijo que “miente” al igual que el Tribunal Electoral, quien acusó al organismo de pronunciarse en materia electoral por difundir dos informes sobre violencia política.

Tras la resolución del máximo tribunal, CNDH anunció que acudirán a otras instancias, “como ya lo expusimos a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Unión Europea”.

El organismo nacional, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, insistió en una reforma para transformar a la comisión en una Defensoría del Pueblo, que le permita contar con mayores herramientas para promover y defender la visión integral y crítica de los derechos humanos, y que le brinde mayores posibilidades de incidir en la prevención de las violaciones de derechos humanos.

En un pronunciamiento, señaló que la reforma al Poder Judicial sería insuficiente si no se transforma no sólo esa instancia, sino también el INE y la CNDH, “así como a todo ese andamiaje legal e institucional sobre el que funcionó el régimen autoritario”.

En relación a los informes en los que advirtió casos de violencia política antes de la jornada electoral, la CNDH aseguró que si bien estas expresiones no lograron incidir en los resultados de la elección ni en el juicio de la mayoría del electorado, sí formaron –indicó– parte de una estrategia, “comúnmente asumida por un conjunto de actores partidistas,  los medios y la academia, quienes por medio de la calumnia, el discurso de odio y el descrédito, buscaron interferir en el ejercicio del derecho a la democracia” de los mexicanos.

Los dos informes publicados en marzo pasado, enumeraron los actos de violencia política “que podían poner en peligro la elección”, los cuales, indicó, no eran los que se pretendía usar como propaganda y finalmente para descalificar la elección.

“Por lo mismo, esto evidenció la alianza que se pretendía ocultar y sus alcances. ¿Violencia generalizada que iba a impedir abrir las casillas? ¿Narcodelincuencia apoderada del proceso electoral, ensangrentando con asesinatos de candidatos y candidatas, mientras las fuerzas de seguridad quedaban rebasadas? ¿Un presidente de la República que, al igual que Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, entre otros, movilizando todo el aparato del Estado para imponer a su candidata? ¿El uso del ejército para dar un golpe de Estado?

“Ninguno de estos supuestos era el peligro real; se trataba de mentiras y calumnias” por parte de los actores antes mencionados, dijo en el documento de cuatro páginas.

“Es por eso que dolieron los Informes y por eso se les cuestionó, lo cual es válido al calor del debate político”, insistió la CNDH. 

Lo que no es ni será válido, dijo, es pretender “entronizar el falso modelo de defensa de los derechos humanos” que dio origen a la CNDH”, que heredaron los juristas y políticos neoliberales, el cual “hemos evidenciado y cuestionado” en la actual gestión y cuya sustitución por un modelo de defensoría del pueblo inició en noviembre de 2019.

La Comisión Nacional apuntó que tras la difusión de sus informes, “salieron” el conjunto de actores antes citados y “armaron un escándalo”. Fue por ello, dijo, que decidió suspender la emisión de los informes “a fin de evitar que la defensa de los derechos humanos se usara, como tantas veces en el pasado, como parte de la estrategia para obstaculizar el ejercicio del derecho a la democracia”.

Por ello, mencionó que decidió hacer pública su postura ante la SCJN “el atraco” que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF, de la mano del Partido Acción Nacional, pretendían llevar a cabo.

Fue debido a este “descarado intento de censura y de limitar las funciones” de la CNDH que esta instancia presentó dos controversias ante la SCJN en mayo pasado, y ayer la SCJN, que debía de servir al pueblo, decidió desechar indebidamente.