Ciudad de México. Con el choque de posturas de ministros sobre si se pone en riesgo la seguridad nacional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó revelar el directorio completo del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), es decir, prisiones federales, incluido su titular, el comisionado Hazael Ruiz Ortega.
En sesión de este martes, se dio revés al Recurso de Revisión que promovió la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, en contra de la resolución RRA 6339/22-BIS, dictada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) el 20 de septiembre de 2023.
“Las atribuciones de estas áreas no llevan a cabo funciones que puedan poner en peligro la seguridad nacional”, afirmó el ministro ponente del proyecto, Luis María Aguilar.
En la sesión del Pleno, el proyecto fue aprobado por siete votos, dos parcialmente a favor (Loretta Ortiz Ahlf y Jorge Mario Pardo Rebolledo) y dos en contra (Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama).
“(Voto) en contra. Se pone en riesgo al personal penitenciario”, advirtió la ministra Lenia Batres al votar.
Luis María Aguilar argumentó que en las funciones y atribuciones de dichos funcionarios no se encuentra alguna relacionada directamente con el funcionamiento de los centros penitenciarios federales, pues sus facultades tienen en su mayoría por lo general aspectos meramente administrativos como contratos, normativas internas, temas del personal, programas de capacitación, entre otros, así como asesoría legal.
La resolución también ordena dar a conocer la información sobre el titular de Transparencia y del área de Archivos e incluso del comisionado de Prevención y Readaptación Social, Hazael Ruiz Ortega, nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 3 de agosto del 2022.
“Se propone declarar infundado el argumento (de la Consejería Jurídica) respectivo, toda vez que al menos el nombre del servidor público (Hazel Ruiz) y su fotografía ya son del conocimiento público, pues la propia página de internet oficial de la Secretaría de Gobernación publicó la noticia de su nombramiento”, dijo.
En tanto, la ministra Loretta Ortiz, quien emitió un voto parcialmente a favor del proyecto, advirtió se pronunció en contra del proyecto, asegurando que sí se pone en riesgo la seguridad nacional, al darse a conocer la identidad de todo el personal de prisiones federales.
“Considero que revelar la información relativa a los servidores públicos antes mencionados sí podría afectar la coordinación interinstitucional del órgano administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al grado de vulnerar el sistema penitenciario y con ello la seguridad nacional, pues aquellos servidores públicos podrían ser objeto de coacción y violencia en su persona y familia por parte de la delincuencia organizada, con el objetivo de obtener información sobre el personal sustantivo del órgano desconcentrado y las características de su capacitación y adiestramiento y en consecuencia de la capacidad de reacción en los centros federales de readaptación social”, dijo.
